La (de)generación

En mi alma mater, la Universidad Católica, hay preocupación por casos de corrupción de sus ex alumnos. El rector señaló que vivíamos una era de individualismo. Es útil que se lo pregunten, pero la respuesta del rector es de ésas que llevan a ninguna parte: si el individualismo es el problema, ¿hay que recordar amarse los unos a los otros? Los escándalos de corrupción no son un problema particular de la Católica, aunque muchos, como Alberto Mayol, intentan decir que sí.

Hay que hilar más fino. El problema es una generación de ex alumnos de los años setenta. Posiblemente, de varias universidades. Tras el golpe y las reformas estructurales, dicha generación tuvo un doble acceso a las oportunidades. Primero, simplemente estaban en el lugar preciso en el momento oportuno. Las reformas reasignaron recursos, sectores desaparecieron, otros se crearon. Los ex alumnos de los 70 y 80 encontraron oportunidades inéditas y las aprovecharon.

Segundo, dichas generaciones espontáneamente crearon redes de relaciones —como ocurre en todo sistema educacional— y contaron con el soporte político de la dictadura. Muchos nacientes empresarios de entonces tenían lazos de amistad y gratitud con autoridades de la dictadura, lazos que perdurarían.

Esto se sabe, ¿por qué mencionarlo? Porque el problema no es de individualismo, sino del contexto institucional en el cual esa generación desarrolló su actividad empresarial. Dicho contexto favorecía los excesos, porque carecía de contrapesos. Inicialmente, es evidente porque las reformas dejaron muchos espacios sin llenar: libre competencia, tomas de control, uso de información privilegiada no tenían regulación efectiva.

En transición, pasamos de una “democracia protegida” a una institucionalidad tutelada por senadores designados y un sistema electoral que privilegiaba a los amigos políticos de la generación. La carencia de regulación sobre financiamiento electoral, el supuesto de que los aportes de empresas permanecían reservados y el fraude que hemos conocido otorgaron sucesivamente a este grupo condiciones para influir mediante el financiamiento político.

Nuestra institucionalidad ha mejorado, pero en el financiamiento de la política hay pocos avances: ¿por qué una falta prescribe un año después de cometerla mientras que en la vida civil son cinco? ¿Qué sacamos con declarar patrimonio e intereses si no se validan? ¿Quién verifica si hay inhabilidades para votar?

La Comisión Engel tiene un gran desafío: proponer una institucionalidad para que personas de carne y hueso puedan contribuir a la democracia, sin pensar que se trata de ángeles desinteresados capaces de transformar un sistema viciado en virtud.