La razón de Estado doméstica

Por Justo Pastor Mellado

En Valparaíso, el abogado del diputado Urízar ha denunciado con vehemencia la judicialización de la política recurriendo a un argumento sorprendente en favor de la preeminencia de la política de los acuerdos.

Esto ya tiene un antecedente. Para la inauguración del año judicial, el presidente de la Corte Suprema abogó por la eliminación del fuero parlamentario. Esta ha sido una advertencia implícita, destinada a poner en evidencia que los parlamentarios, si bien no están por sobre la ley, al menos poseen privilegios que les permiten sortear dificultades flagrantes. De inmediato, un reconocido analista de la plaza -comentarista de la Nueva Mayoría- publicó una columna en la que, además de tratar de ingenuo al presidente de la Corte, declaró que éste no estaba preparado para entrar en un debate político, conminándolo a permanecer en el marco de su función.

El ministro Muñoz habría tenido la “mala fortuna” de sugerir una medida que, a juicio de este analista, no hace más que contribuir a la fragilización de la industriosidad parlamentaria. En el fondo, se hace manifiesto el deseo de retener la judicialización -¿ideológicamente falsa?- con el propósito de blindar la memoria institucional de sus prácticas de sobrevivencia.

Al cabo de unas semanas de la alocución del ministro Muñoz, el abogado del diputado Urízar envía un mensaje a los responsables de hacer efectiva una política de acuerdos para salvar la viabilidad del sistema, ya que la judicialización no sería producto del celo de los jueces o de los fiscales, sino que tan sólo la expresión de una defección de los grandes operadores locales, que no han hecho bien su trabajo de encubrimiento.

El defensor convertido en mensajero apela a legitimar la existencia de una zona oscura razonablemente necesaria, construida por la complicidad de todos quienes han sostenido, hasta ahora, la complejidad de la transición interminable.

Las palabras del abogado del diputado Urízar adquieren relevancia desde una experiencia local de manejo de la razón de Estado doméstica. La clase política local -el diputado Urízar representa a la Quinta Región- es el verdadero patrimonio inmaterial, presentándose como un modelo de “tesoro humano vivo”, que en los márgenes de la tolerancia ética y moral sustituye las normas por pactos de facto entre agentes prisioneros de arcaicas lealtades partidarias.