Ley pareja no es dura

Reconozco que me cuesta seguir el caso Penta en su ámbito tributario. En el tráfago de información y comentarios, es difícil distinguir cuáles son los presuntos delitos de evasión de impuestos propiamente tal y los que se refieren a la arista política. Pareciera que todo fuera un solo paquete: las boletas a los familiares, los llamados “contratos forwards” y el financiamiento a campañas políticas con supuestas boletas ideológicamente falsas, es decir, por trabajos no realizados.

Pareciera también que todos los involucrados, hasta ahora, están en la misma situación. El caso Soquimich sería igual al de Penta, conforme a los trascendidos respecto de boletas vinculadas a parlamentarios, aunque esta vez aparecen nombres de políticos de la Nueva Mayoría. Lo que el común de la gente identifica es que la investigación judicial se refiere al vínculo entre empresarios y políticos. Más que delitos tributarios, lo que se descubrió con Penta es una manera en que las empresas han financiado a los políticos, lo que significa —en el sentido común— que estos últimos no pueden sino terminar defendiendo los intereses de sus financistas.

Desgraciadamente ha habido muchas desprolijidades en el proceso, tales como filtraciones, cambios de fiscales y ahora unas supuestas diferencias entre la fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos.

El director de esta institución, Michel Jorratt, ha señalado que “la fiscalización es competencia del SII y que para que el SII pueda fundar una querella tiene que contar con los antecedentes suficientes”.

Por su parte, un ex director del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, ha apoyado la decisión de su sucesor sosteniendo que antes de que ocurra una querella existe una vía administrativa, agregando que la vía penal es el último recurso, reservado para las situaciones más graves.

¿Existe una discrepancia entre la fiscalía y el SII? ¿Hay un cambio de criterio en este último?

Hay quienes han visto en los anuncios del Servicio de Impuestos Internos un cuestionamiento a la investigación de los fiscales. Trascendió que habría una reunión del SII con la fiscalía, la que finalmente no ocurrió. Se trata de situaciones necesarias de aclarar. Lo que no puede pasar es que, a la confusión que ya existe, se agregue la de que habría interferencias que limiten la autonomía de la fiscalía y una vara distinta para situaciones similares.

Ley pareja no es dura, dice el refrán popular. Las instituciones a cargo de la investigación deben dar confianza de que así será.