Nuestra Perestroika

Con justa razón, la opinión pública está asqueada por los casos Penta y Caval. Sin embargo, es positivo lo que estamos viviendo. Al igual que en una terapia es doloroso enfrentar vicios, engaños y traumas, es un proceso necesario si queremos mejorar. Por esta razón no estamos frente al Apocalipsis, sino por el contrario: estamos viviendo nuestra propia Perestroika. Existe la voluntad de renovar nuestra democracia, partiendo por transparentar y sancionar las relaciones corruptas entre lo público y lo privado.

La gente ha tenido siempre conciencia del conflicto de intereses latente entre el poder político y económico. Tampoco es novedad enterarse de que candidatos, especialmente de la derecha, han sido financiados por el mundo empresarial. Es oportunismo o ingenuidad sostener que el tráfico de influencias, el nepotismo, la corrupción son producto de esta época. Los vicios del poder son una lacra de siempre y no dejarán de existir. La diferencia es que hoy la basura empieza a ser destapada y la impunidad, castigada. Nunca antes nuestra democracia había estado sometida al actual nivel de escrutinio público. Nunca antes la presión ciudadana había logrado revertir una medida vergonzosa, como fue el reemplazo del fiscal Gajardo en el Caso Penta. Es un progreso para sentirse orgulloso.

En el pasado, la oligarquía no financiaba las campañas electorales. Simplemente mandaban a votar a sus inquilinos por el candidato que ellos escogían. El abuso de poder y los negociados eran tema de conversación en los salones del Club de la Unión, pero no llegaban a la luz pública y menos aún eran sancionados. Se practicaba en forma descarada el nepotismo y el compadrazgo, especialmente durante los gobiernos radicales. Hacerle un favor al Presidente y sus parientes era una deferencia de respeto a su autoridad. Se partía de la base de que el dueño de un banco tenía el derecho de recibir a quien quisiera y proporcionar créditos a su propia discreción.

Si bien es positivo que tengamos nuestra propia Perestroika, ésta trae peligros: la búsqueda de justicia puede transformar a los tribunales en un poder omnipotente y a la democracia, en un Estado policial. La búsqueda de transparencia puede transformar a los medios de comunicación en los nuevos jueces y verdugos, anteponiendo como norma el linchamiento público sobre la presunción de inocencia. Finalmente, con el correr del tiempo, las leyes que se dicten para regular los conflictos de intereses entre el poder político y el económico pueden terminar en letra muerta bajo el manto de la impunidad.