Penta y la reserva moral

Por Luis Cordero Vega

En la inauguración del año judicial, el presidente de la Corte Suprema realizó declaraciones que iban desde la demanda por mayor igualdad en la sociedad hasta la recomendación para suprimir el fuero parlamentario por ser una institución de privilegios. El discurso de Sergio Muñoz generó todo tipo de reacciones y muchos lo calificaron de político.

Este fin de semana, sin embargo, las palabras de Muñoz lograron tener sentido. La decisión del juez Juan Escobar, al decretar la prisión preventiva para seis imputados del Caso Penta, reveló la importancia que en el sistema institucional tiene la independencia de los jueces y el rol que ellos pueden cumplir en momentos de crisis de confianza como la que vivimos en la actualidad. Escobar, consciente de la importancia pública del caso y de la relevancia social de lo que decidía, realizó una explicación pedagógica —innecesaria para los abogados, pero esencial para el público— sobre la gravedad de las imputaciones, la importancia de la presunción de inocencia y la libertad.

Este caso ha dejado al sistema político sujeto a una perplejidad de la que no logra salir. Mientras tanto, la discusión pública se intensifica, los reproches morales se radicalizan y la sospecha termina por ensombrecer a todo aquel que ejerce un cargo de representación popular. En una crisis de este tipo, los jueces terminan representando para muchos la verdadera reserva moral de la sociedad y, por lo tanto, la única esperanza de que pueda existir justicia para todos. Es cierto que los sistemas judiciales cumplen un rol esencial en el diálogo del sistema democrático, es cierto también que el derecho penal cumple un rol simbólico, pero eso no puede sustituir la responsabilidad de la política. Pretender hacerlo encierra dos serios problemas: por un lado, es el fracaso completo de la democracia y, en seguida, puede terminar por legitimar la estrategia de que es correcto ocupar el Derecho para suprimir al adversario político.

Los jueces son frenos institucionales, y no promotores de eficiencia o definidores de políticas públicas. No es a ellos a quienes les corresponde promover el orden general. Su rol, y así lo deberíamos entender en un sistema democrático, es garantizar derechos, castigar ilícitos y controlar los excesos del poder.

Por eso es un error creer que el fin de semana recién pasado, en la sala de audiencia, el juez Escobar habló por la ciudadanía. Ese es el rol de la política. Entenderlo de otro modo es el inicio de un camino con difícil retorno, porque implicaría aceptar que en nuestra democracia se comenzará a deliberar en una sala de audiencias con el Código Penal en la mano.