Soquimich: la prueba de fuego

Por Sergio Muñoz Riveros

Las maniobras de los controladores de SQM para dificultar el acceso del Ministerio Público a la documentación contable del período 2009-2014 sólo acrecentaron las sospechas de que algo muy serio se busca ocultar. Esto se confirmó con el quiebre del directorio de SQM, por la renuncia de los representantes del socio canadiense, y con el anuncio de que en EE.UU. se preparan acciones legales del órgano de fiscalización. Ya no se puede hablar de una “arista” del caso Penta, sino que de un caso igual o peor: el Ministerio Público pretende investigar no sólo eventuales delitos tributarios de SQM, sino contratos simulados, fraude de subvenciones, cohecho y apropiación indebida (desvío de fondos a terceros).

El punto neurálgico son las platas aportadas ilegalmente a campañas electorales de diversos partidos, mediante boletas fraudulentas. Se dice que, por lo menos, una veintena de figuras de la Nueva Mayoría y la derecha estarían entre los receptores de los aportes. O sea, las platas cubren todo el espectro político, y la vergüenza también.

La entrega de boletas destinadas a defraudar al fisco con fines electorales ha comprometido a moros y cristianos por largo tiempo. Cuatro o cinco grandes empresas han sido las mayores proveedoras de recursos. Como en estos tiempos la verdad lleva su propio ritmo, todo intento de echar tierra a este asunto resultará no solo inútil, sino escandaloso. De una u otra forma, todo se sabrá. Ha llegado el momento de poner fin a un sistema espurio de financiamiento de la política, y el primer paso es perseguir las ilegalidades.

Algunas personas bienintencionadas temen que una investigación demasiado amplia pueda afectar la estabilidad institucional. Por cierto que es un factor a considerar, pero en las actuales circunstancias la más grave amenaza a la estabilidad sería la percepción ciudadana de que en Chile triunfa la impunidad.

Vienen tiempos más agitados para el Gobierno. Mantenga o no a los actuales ministros, la Presidenta es la titular del Poder Ejecutivo y responde ante el país por las buenas o malas decisiones. Para su desgracia, el caso de su hijo ha menoscabado su liderazgo. Sólo podrá recuperar el crédito perdido si se compromete con el combate contra los conflictos de intereses, el tráfico de influencias, el nepotismo y la corrupción.

El país observa los pasos del SII, del Ministerio Público y del TC. En realidad, todas las autoridades se encuentran hoy bajo escrutinio público, y más vale que cumplan estrictamente con sus obligaciones. Es de esperar que el Congreso, con nuevas autoridades, actúe con la independencia y el rigor que no ha tenido. La única forma de enfrentar la crisis de confianza es asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho.