Supresión del Comité de Ministros

Por Luis Cordero Vega

Se ha anunciado que el Gobierno constituirá en el mes de marzo una comisión que tendrá por finalidad estudiar modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), un procedimiento sensible para las inversiones y para las comunidades. Aunque será integrada por representantes de los incumbentes, la decisión es correcta, porque permitirá consensuar transversalmente la manera de enfrentar problemas actuales de la evaluación ambiental.

Existe algún nivel de acuerdo de que el SEIA debe ser racionalizado, que las compensaciones pueden ser sub o sobrevaloradas dependiendo de la entidad del conflicto social, que la participación ciudadana sigue siendo limitada, que todos los interesados presionan para que la evaluación ambiental dé soluciones a problemas que la legislación no regula, que los espacios de discrecionalidad son amplios y, para muchos, que la politización de la decisión final en manos de un Comité de Ministros termina por desprestigiar el sistema, porque éste puede tomar decisiones considerando aspectos ajenos al procedimiento de evaluación ambiental.

Aunque la participación de ministros en la decisión de las reclamaciones ambientales viene de 1994, cuando se aprobó la ley ambiental, existieron iniciativas destinadas a eliminar su participación durante la discusión de la reforma a la institucionalidad ambiental, aprobada en 2009. Sin embargo, fue el propio sector privado —hoy uno de los principales críticos del Comité de Ministros— el que se opuso, porque era necesario disponer de un lugar en donde poder discutir cuestiones de política pública asociadas a proyectos específicos.

¿Qué hacer entonces? Pareciera razonable que el Comité de Ministros sea suprimido de las reclamaciones ambientales y en su reemplazo se entreguen dichas atribuciones directamente al Tribunal Ambiental, en tanto organismo independiente del Ejecutivo. Sin embargo, un cambio como ese tiene varias consecuencias. La obvia es que este tribunal deja de ser controlador exclusivamente de la legalidad de la calificación ambiental y se transforma en un revisor de mérito; es decir, pasa a cumplir un rol de Panel de Expertos, de copartícipe en la evaluación ambiental, por lo cual puede sustituir las decisiones técnicas que se adopten en el SEIA. Un modelo así implica una ganancia en transparencia e independencia, pero lleva inevitablemente a un cambio en la estructura actual de este tribunal, especialmente para abordar la resolución de conflictos exclusivamente técnicos y de política pública.