Transparencia y Consejo Asesor

Por María José Poblete
Directora Ejecutiva Fundación Pro Acceso

La transparencia y la probidad han irrumpido en el debate público para quedarse por un buen tiempo.

El nuevo presidente del Senado declaró la agenda como prioritaria; la Presidenta de la República convocó a un Consejo Asesor, y la ciudadanía se muestra ansiosa de avances que signifiquen un verdadero cambio respecto de las prácticas de fraude, secreto y tráfico de influencias.

Los escándalos han alcanzado a todos los sectores y a distintos grupos de intereses, como empresarios y políticos, provocando cuestionamientos que no hubiesen sido posible en otro contexto, desde la discusión sobre la publicidad de las audiencias, la proporcionalidad de las medidas preventivas y, en definitiva, la garantía de respeto de los derechos de los acusados; hasta la mirada introspectiva de los políticos y de los partidos sobre la manera en que se financian, se estructuran, se regulan y funcionan.

Este proceso de reflexión y cambio debe considerar múltiples visiones y ser canalizado en la discusión en el Congreso sobre todos los proyectos de ley relacionados, de manera de obtener una regulación sistemática y consistente. El Consejo Asesor, en el que extrañamos la participación de más expertos en transparencia, debiese entregar insumos a la instancia parlamentaria, alimentándola sin retrasarla; la ciudadanía debiese ser consultada, y los parlamentarios debiesen trabajar en una instancia única sobre el fortalecimiento de la probidad y transparencia.

Esta es una oportunidad para avanzar con profundidad en las tareas pendientes. Los partidos políticos, instituciones de interés general y con fines públicos que debiesen ser definidos como tales por la legislación, serán beneficiados con aportes estatales. Por todo ello, debiesen estar sujetos a estándares de transparencia homologables a los de la administración del Estado y garantizar a la ciudadanía el derecho de acceder a su información. Es indispensable, además, que se reforme la Constitución, reconociendo expresamente la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en el actuar de los órganos de la administración, y que se fortalezca al Consejo para la Transparencia, dándole atribuciones en las materias que le son propias y elevándolo a rango constitucional. Finalmente, ésta es la instancia para discutir sobre la necesidad de someter a mayores estándares de transparencia a las empresas públicas y a las empresas privadas que prestan servicios o bienes públicos.

Estamos confiados en que no será necesario esperar otra década para que un escándalo de proporciones nos haga reformar lo que hoy tenemos la oportunidad de mejorar.