El riesgo de convertirse en adorno
“La comisión optó por la pusilanimidad sobre el deber”.
En los últimos meses, son varios los senadores en la mira de la justicia. Tuma y Bianchi por el uso de sus asignaciones, Moreira por boletas y ahora Orpis, por aportes de una empresa pesquera. Cuatro casos sobre los cuales no ha habido pronunciamiento de la Comisión de Ética de la Cámara Alta. Si bien el presidente del Senado le solicitó analizar el comportamiento de estos parlamentarios, la respuesta de los integrantes está lejos de demostrar decisión.
La comisión resolvió no pronunciarse hasta una determinación de Tribunales, con el argumento de no inmiscuirse en un caso propio del Poder Judicial, optando por la pusilanimidad (falta de ánimo para intentar cosas grandes) sobre el deber. Pero esperar a que la justicia determine un fallo y decidir actuar después de éste, revela una falta de visión sobre la autonomía de los poderes del Estado. En este caso, el Legislativo.
El senador José García Ruminot (RN), en entrevista ayer, recordó el reproche que la Comisión hizo sobre el intento de riña entre los senadores Pizarro y Navarro, destacando que en ese caso no había una investigación judicial. El senador Alfonso de Urresti (PS), también miembro de la Comisión de Ética, incluso opinó que los temas éticos de algunos senadores no debiesen ser resueltos por una instancia integrada por pares. La pregunta, entonces, es para qué sirve la comisión de Etica en un determinado cuerpo si no es para determinar las buenas prácticas de quienes integran dicho cuerpo y velar por su cumplimiento.
El Senado no debiese desaprovechar la oportunidad de demostrar su compromiso con una adecuada conducta, sobre todo en momentos en que la política atraviesa por una crisis de credibilidad.
La postura que ha manifestado la Comisión limita la ética al campo de lo legal. Una definición muy perjudicial si se torna aceptable entre los parlamentarios, pues la ética va más allá de la ley. Es de sentido común en política que un acto puede no ser condenado por ley, pero aun así ser reprochable. Sucedió en 2005, en medio del caso MOP-Gate. Una laguna legal permitió a varios funcionarios cobrar millonarias indemnizaciones a las empresas del Estado que habían abandonado. El Presidente Lagos, en esa época, fijó su postura al señalar que no importa que sea legal; no es ético. Y dio un ultimátum a los cuestionados, haciéndolos elegir entre devolver el dinero recaudado de forma dudosa o dejar el cargo.
La ética es la reflexión acerca de la moral imperante, de la cual se desprenden códigos de conducta que intentan definir lo correcto y lo incorrecto. De ahí la importancia, sobre todo para los redactores de la ley, de tener no sólo un cabal entendimiento de dichos códigos, sino de ponerlos en práctica e ir ajustando sus parámetros a la luz de los casos que van surgiendo. Lo mínimo exigible para los parlamentarios es que sean capaces de establecer y cumplir estándares éticos. De lo contrario, la existencia de la mencionada comisión arriesga convertirse en un adorno.