La otra doctrina
“Igual de importante es la restauración de la honra en caso de comprobar la inocencia de quien haya sido objeto de sospecha”.
Si bien el radical cambio de gabinete y el discurso presidencial del 21 de mayo le permitieron al Gobierno recuperar algo de iniciativa en un Chile confuso, convengamos en que el surgimiento de nuevas incómodas verdades (ahora sobre viajes del ex ministro Peñailillo) erosiona al nuevo equipo ministerial.
Por su parte, la derecha se encuentra en el umbral de enfrentar formalizaciones, a lo que se suma el descubrimiento de un extraño financiamiento de Corpesca al entorno inmediato de Jaime Orpis. Todo mal.
¿Es posible salir de esta trama de lo que hoy son mentiras, y tal vez delitos, pero que hasta ayer no pasaban de ser triquiñuelas, ciertamente reprochables, pero aceptables en la larga siesta del financiamiento electoral chileno? Sí, a condición de ensayar una nueva doctrina, dura y categórica, en dos actos casi teatrales, ambos presidenciales.
El primero es reconocer, de una vez por todas, que la crisis en curso es grave, pero que sobre todo hay que explicarla. Hasta hace algunas semanas, y suponiendo satisfechas condiciones mínimas de credibilidad, un discurso ministerial marcado por la pedagogía o una alocución conjunta y solemne de los presidentes de ambas Cámaras hubiesen permitido detener el rumor corrosivo y la duda popular. Es probable que ya sea demasiado tarde. Hoy es la Jefa de Estado quien debe producir, en una sola ocasión, una explicación de lo que está sucediendo, reconociendo culpas en nombre de todos, pero también haciendo comprender que lo que en estos días es anómalo, era hace tan sólo un año un verdadero estado de normalidad fáctica y el político, un “cómodo insensible” (parafraseando esa belleza lírica de Pink Floyd, comfortably numb).
El segundo acto es tan duro como el anterior, pero a estas alturas, inevitable. Injusto o no, no veo otra alternativa a que quien quiera que sea acusado u objeto de sospecha por comportamiento tributariamente impropio debe abandonar el gobierno, emulando la doctrina anunciada por la presidenta del PS de suspender la militancia de socialistas bajo el cargo de incómodas verdades. Algo parecido debiese ocurrir en el Congreso. De verificarse la sospecha, será la expulsión del partido la que prevalecerá.
Tan importante como esta doctrina es la restauración de la honra en caso de comprobarse la inocencia de quien haya sido objeto de sospecha: fórmulas no faltan, siempre que estén acompañadas por publicidad. Todos pueden disparar sobre el pianista, alegando razones de moralidad de mal gusto o pauteo dirigido a la Presidenta: challa. No hay duda de que la crítica a esta otra doctrina es manifestación de indiferencia por la profundidad de la crisis. Pero, supongo, podemos convenir en que esto no puede continuar, o por lo menos no de la misma forma.