Política del libro

Hace un par de semanas, el Gobierno presentó la nueva Política Nacional del Libro y la Lectura, diseñada para el periodo 2015-2020. El documento define el acceso al libro y la lectura como un derecho que debe ser garantizado por el Estado, al tiempo que enumera una serie de iniciativas destinadas a promover la producción de textos en Chile, así como también medidas de fomento de la lectura en nuestro país. De acuerdo con una encuesta de 2011, el 59% de la población entre 15 y 65 años posee sólo competencias básicas de lectura y la mayoría de los estudiantes en el sistema educativo presentan dificultades de comprensión lectora.

Llama la atención el que algunos aspectos hayan quedado fuera del proyecto. En particular, el tema recurrentemente discutido en torno al IVA al libro. Si consideramos los ejemplos internacionales, veremos que Chile es uno de los pocos países en los que el impuesto al libro alcanza el 19%, mientras que en la mayoría de los países de la OCDE los libros pagan un impuesto diferenciado: 5,5% en Francia, 4% en Italia y 7% en Estados Unidos, por ejemplo. Aunque la medida de eliminar o aplicar un impuesto diferenciado al libro ha reunido un apoyo transversal en el Parlamento, el Gobierno considera que el principal factor en el alto precio de los libros en Chile no lo constituye el impuesto, sino la existencia de un mercado reducido. Por ello, una de las principales medidas recogidas en el nuevo plan es apoyar a las editoriales en la producción y exportación de material bibliográfico.

En relación con los libros electrónicos, el plan se propone alcanzar un aumento del 2% de los lectores que declaran leer al menos un libro al año en soporte digital. En conjunto, parece dejarse a un lado el hecho de que el libro electrónico puede resultar una forma muy económica de extender el acceso a la lectura en el país, dados los reducidos costos de producción y de distribución de los e-books .

En un contexto en que parece existir un consenso en torno a la necesidad de mejorar significativamente la calidad de la educación en Chile, algunos actores cuestionaron la viabilidad de la implementación del plan, que reúne 90 medidas de acción a cargo de diversas instituciones, tales como el Mineduc, Dibam, CNCA, Junaeb, Senama y Gendarmería. Cabe preguntarse si esta sumatoria de pequeñas y medianas acciones podrá redundar en un aumento significativo de la cantidad y calidad de lectores en Chile.