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Señor Director: Con preocupación hemos constatado que tras la cuenta a la nación de la Presidenta Michelle Bachelet este 21 de mayo, se ha ignorado un importante proyecto de ley del Ejecutivo, que está por más de un año en el Parlamento sin tramitarse, pese a existir un apoyo transversal y de todas nuestras autoridades […]
Señor Director:
Con preocupación hemos constatado que tras la cuenta a la nación de la Presidenta Michelle Bachelet este 21 de mayo, se ha ignorado un importante proyecto de ley del Ejecutivo, que está por más de un año en el Parlamento sin tramitarse, pese a existir un apoyo transversal y de todas nuestras autoridades del área económica. Me refiero al proyecto que permite la emisión de tarjetas de prepago por parte de emisores no bancarios.
De haber estado ya operando este sistema en nuestro país, estaría sirviendo como importante solución y respuesta positiva de nuestras autoridades a millones de chilenos que sufren hoy los serios problemas de acceso a dinero, a partir de la huelga de Prosegur y Brinks.
Los beneficios de este tipo de este medio de pago son innumerables, más aún en situaciones que complejizan la circulación del efectivo en la población, como catástrofes naturales y la necesidad del Estado de llegar en forma rápida con ayuda o subsidios a la población. Esta iniciativa, que ya opera en forma masificada en el resto del mundo, ayuda de manera relevante a la inclusión de las personas a los sistemas formales, y, además trae como externalidad positiva seguridad tanto a las personas como al comercio.
Por ello resulta inentendible que se dilate una iniciativa que sólo representa ventajas para los chilenos, impulsa el dinamismo de nuestra economía e incorpora mayor competencia en el mercado financiero al permitir a todos los emisores no bancarios participar en un mercado que desde hace años otras industrias han desarrollado, pero sólo como tarjetas cerradas.
Es hora que nos pongamos a tono con el resto del mundo, y modernicemos nuestros medios de pago. No hacerlo sólo genera perjuicios sociales enormes, especialmente en la población menos bancarizada. Confiamos en que las nuevas autoridades del Ministerio de Hacienda evalúen esta anomalía y agilicen este importantísimo proyecto de ley.
Claudio Ortiz T.
Vicepresidente Ejecutivo
Comité de Retail Financiero