Carrera Docente
“El Colegio de Profesores tiene la noción de que si una reforma genera reparos, la solución es extraerla del espacio para discutirla”.
El gremio de profesores, que ayer entró en su segunda semana de paro nacional indefinido y que mañana volverá a marchar —esta vez en apoyo a la Confech—, exige al Gobierno retirar del Congreso el proyecto de carrera docente que discute actualmente, pues la iniciativa no satisface algunas aspiraciones del magisterio, especialmente en materia económica.
El Ejecutivo ha recordado que si los profesores tienen reparos con el proyecto en discusión, es precisamente el Congreso el espacio donde deben plantearlos, para lo cual tanto el ministro de Educación como los diputados de la comisión parlamentaria correspondiente han reafirmado su disposición al diálogo y al acuerdo. Resulta decidor que la propia presidenta de la comisión de Educación, una ex líder estudiantil de las movilizaciones del 2011 que comparte varias de las críticas de los profesores al proyecto de carrera docente, haya considerado “un despropósito” la idea de retirarlo del Congreso, pues ello impediría legislar sobre el tema durante un año.
Más allá de las modificaciones que pueda ameritar el proyecto —el cual sin duda contiene aspectos discutibles—, la postura del Colegio de Profesores es cuestionable por dos motivos. El primero es la noción de que si una reforma genera reparos, la solución consiste en extraerla del espacio institucional responsable de discutirla, en este caso el Congreso, aunque eso signifique en la práctica impedir el debate. En efecto, tal como dijo el ministro Eyzaguirre, “no hay otra forma de avanzar que conversando”.
Su postura se afirma en creer que sería democrático lograr el retiro de un proyecto de ley únicamente por presión de la calle, como si quienes ejercen su derecho a la protesta tuviesen una legitimidad igual, o incluso superior, a la de las instituciones del sistema político. En la práctica, esto equivaldría a concederle poder de veto sobre la legislación a cualquier grupo capaz de organizar manifestaciones masivas, sin importar sus objetivos o su real representatividad, negando el papel que cumplen las instituciones en la mediación de los asuntos que afectan al interés común.
El Gobierno debe seguir abierto a discutir el proyecto con los actores interesados, como él mismo ha sostenido públicamente, pero debe mantenerse firme en su actual postura: las leyes se discuten, se modifican y se definen en el Congreso, no en las marchas.