Coming soon

Por Fernando Balcells

Pronto en la cartelera de la teleserie nacional, los conflictos se habrán sumergido para dar paso a la Copa América. El foco público va a estar compartido y, entre el evento camisetero y la cotidianeidad del robo con intimidación, la política va a disfrutar de una ventana para recalibrar sus motores.

Hay tiempo, pero poco y la salida de esta crisis tiene dos requisitos. Debe haber un acuerdo político y debe haber una sanción ciudadana de esos acuerdos. En ningún momento ni la ciudadanía ni los movimientos sociales van a sobrepasar a las instituciones políticas. No estamos en un escenario revolucionario ni golpista. Sin embargo, el silencio de los responsables políticos sobre estos límites institucionales y ciudadanos relevantes es una de las causas de confusión actual. La defensa de la institucionalidad democrática es un punto de partida que no está ganado, que no es evidente y que no es superfluo para los acuerdos políticos.

La condición ciudadana, no es ni posterior al acuerdo político ni se limita a un acto sancionatorio único. Necesitamos una ciudadanía aumentada en su capacidad política y ampliada a la esfera del consumo y del vecindario. Esta ampliación pasa por la capacidad de elegir y de revocar –fundadamente– sus representantes. Pasa por la capacidad de proponer iniciativas por vía plebiscitaria y de llegar a acuerdos participativos vinculantes con las instituciones empresariales y del Estado. Es necesario conceder a la ciudadanía tanto una participación legislativa como una participación administrativa directa. La ciudadanía ya no es eludible. Se la puede adormecer durante el desarrollo del espectáculo pero no es concebible un escenario futuro que reproduzca su actual exclusión institucional.

En la ficción televisiva, la ciudadanía existe como paisaje borroso y gris, depósito de todos los prejuicios, masa demandante, cambiante y presa de la moralina. Sin embargo, incluso en estas novelas desoladas, donde no se vislumbra el bien social sino tan solo éxitos y fracasos de algún protagonista, hay una promesa de justicia que subyace y que entrega a la trama sus márgenes de credibilidad o de posible autenticidad. Esto es lo que hemos perdido.

Es un error decir que hoy es la calle la que está mandando. La calle protesta y pide legítimamente. No va más allá. Son las diferentes sustituciones de la ciudadanía lo que confunde el debate. Ciudadanía, manifestantes y opinión pública no son lo mismo. Es necesario distinguir al que se expresa en el espacio público, del que tiene una opinión y del que elige.

La gente ya sabe que va a tener que convivir con políticos menos que perfectos y nadie tiene la ilusión del recambio de una generación de demonios por una de ángeles por venir. Sabemos también, que más allá de ansiedades, torpezas y soberbias exasperantes, las fallas son del sistema político y no de unos cuantos cabezas de turco. Cuando se disipe la nube, quedará claro que somos todos responsables y que el infierno no son los otros sino la ausencia de un nosotros.