Contaminación: tomar medidas
“Las medidas actuales no hacen más que desviar la atención de soluciones a largo plazo”.
El pasado martes, por primera vez en 16 años, se decretó emergencia ambiental en Santiago. Pero los elevados niveles de contaminación se repiten año a año.
Para una emergencia ambiental en 1998 se decretó un Plan de Prevención y Descontaminación para la Región Metropolitana. Contemplaba decretar alerta y preemergencia con índices de contaminación bajos si se tenía un mal pronóstico de ventilación, para aplicar medidas con antelación. Sin embargo, la pésima calidad del aire ese año y el siguiente provocaron que el plan fuese bastante cuestionado. Para la emergencia de 1999, la última hasta el martes pasado, las medidas incluyeron restricción adicional para vehículos no catalíticos, la paralización de 8 mil industrias (fuentes fijas), correspondientes al 50% de las existentes en Santiago a esa fecha y la suspensión de clases.
Para la emergencia de la semana pasada se cerraron 3 mil industrias y la Intendencia sólo sugirió suspender las actividades de educación física en colegios. Las medidas en preemergencia son exactamente las mismas que en emergencia. Sólo varía el número de dígitos de restricción de catalíticos.
Las medidas anticontaminación actuales corresponden a una intensificación de las sanciones, sin analizar otros factores de mayor incidencia, desviando la atención de soluciones a largo plazo y castigando a los ciudadanos con restricciones y multas por la ineficienciencia del Gobierno en encontrar una solución a la contaminación ambiental.
Para enfrentar el problema hay que tener siempre a la vista el impulso de una red de Metro más amplia, que sea más cómoda y barata que otros medios de transporte. También sería provechoso el fomento al carpooling y a la implementación de buses de acercamiento en empresas, universidades y colegios, el fomento a la importación de autos eléctricos y la autorización de la conversión a gas para autos particulares, medida exclusiva para taxis. Quizás también volver a explorar un incentivo económico para industrias no contaminantes, para las que reduzcan emisiones nocivas, y para las que inviertan en tecnologías y transportes no contaminantes. Podría estudiarse la factibilidad de establecer normas para el uso de aire incluidos en el derecho de propiedad en sectores industriales, que permitan ejercer indemnizaciones por emisión de gases.
Por último, podría verse la posibilidad de un nuevo Plan de Prevención y Descontaminación, que contemple medidas de paralización de industrias y restricción vehicular menos severas pero más prolongadas, y que establezca un cambio progresivo de los buses de Transantiago, que hoy funcionan con diésel, por otro sistema menos contaminante. Necesitamos un proyecto ambiental a largo plazo que, en lugar de establecer medidas parche en situaciones críticas, se preocupe de la salud de las personas.