Ecos en movilizaciones
“Hace cuatro años el movimiento podía alegar que el gobierno no era receptivo, pero el actual situó a Educación como uno de sus pilares”.
Ayer, en el paro indefinido de profesores, las ocupaciones de colegios y las marchas estudiantiles (además de los desmanes de días recientes) fue difícil no ver una suerte de reedición del año 2011. De hecho, parece estarse gestando un escenario muy parecido al de entonces, cuando la intensificación del conflicto estudiantil logró poner en jaque al gobierno de Sebastián Piñera y tomarse la agenda por completo.
Curiosamente, las estrategias y los actores son los mismos que hace cuatro años —en el caso del gremio docente incluso se ven los mismos rostros—, y tampoco el grueso de los planteamientos ha variado gran cosa, aunque su contenido se ha vuelto aún más difuso. Los profesores, por ejemplo, reclaman que la reforma docente del Gobierno “sustenta el modelo educativo de mercado”, enfatiza “la competencia entre pares” y se basa en “la desconfianza” hacia los educadores. Por otro lado, el gremio critica que las universidades sean libres de escoger sus mallas curriculares de pedagogía, lamenta el aumento de las causales de despido y advierte sobre el retroceso en “conquistas históricas del Magisterio”, no especialmente las marcas de una mirada puesta en el futuro.
Cuesta entenderlo, porque las circunstancias objetivas han cambiado desde 2011. Los líderes estudiantiles que entonces se sentían excluidos del sistema político hoy ocupan escaños en el Congreso, pero sobre todo, la reforma educacional de fondo que los jóvenes reclamaban no sólo fue diseñada y discutida, sino que ha sido aprobada y está en curso de aplicación (aunque eso no significa que vaya en el sentido correcto, por cierto). Más aún, si hace cuatro años el movimiento estudiantil podía alegar, con buenos o malos argumentos, que el gobierno de la época no era un interlocutor receptivo a sus demandas, la actual administración ha hecho de la reforma educativa uno de los pilares de su programa y, también, de su proyecto político.
Lo anterior debiera ser el principal argumento para que el Ejecutivo —que debe diseñar el tipo de estrategia política de la que careció su antecesor— desactive lo antes posible un conflicto que podría ir en escalada, emulando la lógica de radicalización y maximalismo crecientes del movimiento estudiantil de la vez pasada. Entre otras cosas, ello supone hacer ver con fuerza que el derecho a expresarse no confiere automáticamente la razón a quienes hacen uso de él y que la verdadera democracia es muy distinta a “gobernar para la calle”.