El fin del botín

Por Luis Cordero Vega

Una de las propuestas de la Comisión Engel es tratar de profesionalizar la función pública con la finalidad de eliminar el clientelismo en los cargos públicos. Esta iniciativa no es nueva, ya había sido planteada por el Consorcio para la Reforma del Estado el año 2008. En las actuales condiciones su implementación resulta urgente.

¿Qué sucede que no avanzamos? Las políticas de sanidad de la función pública implican establecer cuerpos de funcionarios leales a la democracia y no a una coalición de Gobierno, que accedan por mérito, que permanezcan en sus cargos por un período superior al presidencial y que sean removidos sólo en razón de su desempeño. Para muchos, ése es un costo político demasiado alto.

Lo que algunos parecen olvidar es que las revoluciones liberales no sólo llevaron a un cambio de paradigma en derechos, sino que también trataron de poner fin a la corrupción y prebendas en los cargos públicos. La reacción del sistema constitucional fue crear empleos públicos profesionales, leales al Estado y no a un “príncipe” o “casta”. Por eso hasta el día de hoy el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad es un derecho fundamental.

En nuestro país la complejidad estatal ha llevado que en todas las décadas desde 1910 en adelante existieran demandas por modernización. Desde entonces cada gobierno ha propuesto una agenda de reformas al Estado ambiciosa y, en la mayoría de los casos, de implementación fracasada.

El establecimiento del sistema de alta dirección pública en 2003 es un buen ejemplo de eso, porque buscó profesionalizar la gestión pública; sin embargo, su diseño adolecía de dos grandes debilidades. Por un lado, varios servicios estratégicos del Estado quedaron excluidos y, por el otro, el régimen de remoción de los seleccionados era el mismo que el de un cargo de exclusiva confianza, garantizando de antemano el fracaso del sistema.

Si es verdad que queremos avanzar en reformas sustantivas en profesionalización de la función pública el sentido común indica que se deben adoptar dos soluciones iniciales: la primera, hacer a las burocracias leales con el Estado y no con un gobierno; la segunda, que ese gobierno renuncie al nombramiento masivo de funcionarios por vías directas e indirectas.

En un sistema presidencial como éste, esas decisiones son en general ofertas de campaña que se olvidan con mucha facilidad los primeros meses de gobierno, a menos que de una vez nos tomemos el Estado en serio. Pareciera que la deteriorada confianza en las instituciones públicas que tenemos en la actualidad requiere con urgencia adoptar medidas de corrección, antes de que sea demasiado tarde para la sanidad de la democracia.