El rol del fiscal nacional
“Es evidente que los esfuerzos se han concentrado en los delitos de corrupción”.
En su última cuenta pública, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, anticipó aspectos esenciales de lo que ha sido su gestión, que está próxima a cumplir ocho años. Advirtió, sin embargo, que su cuenta final la efectuará en el segundo semestre del año en curso. Reiteró que su preocupación inicial es propiciar que la persecución penal del Ministerio Público debe desarrollarse con el mayor respeto de las garantías de todos los actores del proceso penal, sin obviar que debe ponerse énfasis en la investigación y búsqueda de sanción a los delitos que más inquietan a la población.
El fiscal nacional requiere que se advierta toda la firmeza para no dar concesiones, pero es ahí donde surgen, día a día, críticas que hacen ver las dudas sobre la eficacia del Ministerio Público para lograr que la lucha contra la delincuencia permita contribuir a la tranquilidad ciudadana.
La crítica hacia los fiscales apunta a que los procesos por delitos de poca monta terminan siendo archivados. Las causas se cierran porque el sistema así lo permite, contrastando con el sistema antiguo, en que sólo se dejaba pendiente la causa.
Los 3.800 fiscales y funcionarios del Ministerio Público argumentan sobre el exceso de trabajo y el propio fiscal Chahuán ha cifrado esperanzas en el apoyo que significará el incremento de otros 570 funcionarios, una vez aprobada la tramitación en el Senado del aumento de dotación y medidas sobre suplencia y subrogancia de fiscales.
Como reconoció Chahuán, los delitos contra la propiedad son de difícil investigación. Esto radica en la alta tasa de imputados desconocidos en las denuncias que ingresan a fiscalía, que pueden llegar a ocho de 10 ingresos en los delitos de robo, robos no violentos y hurtos. Ello obliga a promover la eficacia en iniciativas de coordinación interinstitucional con las policías, el proyecto de Denuncia Seguro y el trabajo conjunto con otras instituciones del Sistema de Justicia Penal, según lo contempló el fiscal nacional.
Es evidente que los esfuerzos se han concentrado en los delitos de corrupción y ha sido el propio fiscal quien, de manera inédita ejerciendo la facultad del Art. 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ha asumido la investigación del sonado caso Penta-Soquimich y sus otras aristas, y lo ha hecho con el convencimiento de que está contribuyendo a plasmar una de las garantías constitucionales de nuestro país como es la igualdad ante la ley.