Financiamiento Educación superior

Por Abelardo Castro Hidalgo
U. de Concepción

La discusión actual respecto al financiamiento de la Educación Superior de Chile, la de mayor nivel de financiamiento privado, sustentado en los aportes de las familias y el endeudamiento de los estudiantes, es como una nube oscura que ronda sobre una Caja de Pandora que, al parecer, pocos se atreven a destapar.

Quizás desde el inicio esté mal planteada la pregunta respecto a los criterios que se deben considerar para otorgar recursos a la educación superior especialmente cuando se trata de la utilización de recursos del Estado. Por tanto la primera constatación que debe efectuarse es esa: que estamos discutiendo acerca del uso de recursos del Estado cuya razón de ser es promover el bien común, máxime cuando se trata de recursos aportados por todos los chilenos.

Desde esa perspectiva pierde validez la discusión en torno a si tales recursos del Estado son direccionados preferentemente a las universidades estatales, agregando al G-9 y a otras universidades privadas fuera del CRUCh en tanto que por razón de propiedad, tradición o por principio de inclusión han recibido recursos del Estado.

Por tanto, la respuesta a la pregunta respecto a ¿Qué Universidades deben ser financiadas por el Estado? La respuesta lógica debiera ser que, el financiamiento que sale del bolsillo de todos los chilenos sea otorgado a aquellas instituciones que, al igual que el Estado, promueven el bien común y aportan al bien común a través de sus procesos y productos de bien público, aparte que, además, lo hacen bajo las condiciones propias u homologables a las que desempeña el Estado, para dar garantías a la ciudadanía acerca de que su accionar cumple con el principio de la obligatoriedad de usar recursos públicos para lo que se otorgan y no para otra cosa.

¿Qué se entiende por bienes públicos que aportan al bien común, es decir que van en beneficio de todos sin excepción, y que es el sentido mismo del Estado como institución? La respuesta no está lejos. Está declarado en las actas fundacionales de las Universidades de Chile, Técnica del Estado, de Concepción, Federico Santa María, Austral de Valdivia, para nombrar algunas.

En términos de bienes públicos, todas ellas se comprometen al crecimiento del país a través de la formación de profesionales, el desarrollo de las ciencias, de la tecnología y las artes y entregando ciudadanos responsables, sin sesgos ideológicos, políticos ni religiosos.

La “producción” de estos bienes públicos debe efectuarse bajo procedimientos y procesos formativos concretos, de manera que la sociedad se beneficie de ellos de manera real, como por ejemplo la formación basada en las ciencias, en la experiencia probada, en el trabajo colaborativo y la resolución de problemas, en responsabilidad ciudadana.