Injusticia universitaria

Por Hugo Eduardo Herrera

El 21 de mayo supimos que el próximo año habrá gratuidad para los estudiantes de educación superior que pertenezcan al 60 por ciento más pobre del país. Esa medida, en principio justa y loable, ha sido echada a perder, de dos maneras.

Es justo y loable que no se discrimine a los estudiantes de educación superior por su pertenencia a universidades privadas o estatales, católicas o laicas, regionales o santiaguinas. También, que se mantenga una proporción relevante de financiamiento privado (40 por ciento) en la educación superior. Dividir el poder es garantía de la libertad, en este caso, de la libertad del pensamiento en la educación superior, especialmente en la universidad.

Pero la medida se vuelve preocupante e injusta, cuando se atiende a todo lo que dijo la Presidenta.
Preocupante, porque se ha propuesto avanzar hacia un financiamiento estatal universal. Esto significará que todas las universidades quedarán sujetas al control del Gobierno, que les dará los recursos de los que dependerá su subsistencia y podrá forzarlas así a seguir las decisiones que año a año él vaya adoptando. En un Estado donde predominan los funcionarios políticos, este control estatal del financiamiento puede tener consecuencias funestas: subyugar la libertad universitaria a la política partidista.

Francamente injusto es que se incluya en la medida de financiamiento (del 60% más pobre) sólo a los alumnos de las universidades del CRUCH. Hay que seguirlo diciendo: ¿qué hace más elegible a los alumnos de las universidades del CRUCH?

Ciertamente la calidad fuera del CRUCH es heterogénea, pero dentro de él, ¿no lo es? Y, al revés, ¿no ocurre que varias de las universidades extra CRUCH son muy buenas, mejores que muchas del CRUCH y están incluso entre las mejores de Chile?

Compárese la U. Alberto Hurtado y la U. de Playa Ancha. En ninguna de las dos hay lucro. La composición social de los alumnados es parecida (en la UPLA el 28% proviene de establecimientos municipales, el 67% de subvencionados y el 4,4% de pagados; en la UAH los porcentajes correspondientes son 21, 60 y 18). En investigación, el desempeño de la Alberto Hurtado es muchísimo mejor: en los últimos dos concursos FONDECYT-Regular presentó 46 proyectos y ganó 25, la UPLA presentó 14, ganó dos. En el ranking QS 2014, la UAH califica en el número 16 de las universidades chilenas, la UPLA no se incluye. Ante cifras como éstas, resulta explicable la molestia del padre Montes. El esfuerzo serio de una universidad que opera con recursos modestos es castigado por la discrecionalidad caprichosa del Gobierno.

Si todo sigue como está programado, en un tiempo próximo, injusticias como ésta las cometerá un gobierno que habrá concentrado para sí el poder total de financiamiento.