Postergaciones

Los nombramientos pendientes en cargos relevantes del servicio público comienzan a tener un costo político adicional al delicado momento institucional que hoy se vive. Esta postergación es una mala señal frente a la insistencia del Gobierno en asegurar que las instituciones funcionan.

La situación generada por el ex ministro Segpres Jorge Insunza fue impredecible para el Gobierno y es natural que, a partir del impacto, se haya decidido tomar un tiempo razonable para elegir con cautela un reemplazante de antecedentes probadamente irreprochables.

Sin embargo, no es comprensible que otros cargos de alta importancia sigan sin representación. Es el caso del contralor. Se conocía con anticipación la fecha en que terminaba su mandato, por lo que no existe motivo alguno por el que el Gobierno no se haya podido anticipar a buscar candidatos para su reemplazo. Es impresentable que este cargo lleve ya dos meses sin representación y la demora en un pronto nombramiento comienza a provocar sospechas, poco provechosas para un país que busca desmarcarse de situaciones ímprobas.

Junto a la vacante en Contraloría, también están pendientes el reemplazo de dos ministros en la Corte Suprema, el embajador en Argentina, el director del Servicio de Impuesto Internos, de Secom, del Banco Estado, un titular del Consejo de Defensa del Estado y varias embajadas menores.

Tampoco se comprende que se haya entrado en una actitud irresoluta por parte del Gobierno, salvo que los efectos de los casos que han golpeado al interior del Palacio de Gobierno, uno tras otro, aún perduren y estén afectando fuertemente la capacidad de decidir.

Las otras razones que parecen haber cobrado más fuerza, en estos días, se vinculan con la participación que los distintos componentes de la Nueva Mayoría están solicitando para elegir a los reemplazantes, y han generado una contienda de cuotas que va a ser muy difícil de conciliar.

Con la mayoría parlamentaria de que dispone la NM es injustificable seguir postergando nombramientos y designaciones. Tampoco se justifica en aquellos que corresponden a procedimientos directos del Ejecutivo. De ahí la importancia de no seguir prorrogando decisiones que provocan en la ciudadanía la sensación de que se está eludiendo una responsabilidad inherente a la gestión de gobierno. La situación del país y, muy especialmente, la pérdida de confianza requieren nombramientos y los requieren ahora.