¿Qué quiere realmente la Presidenta?

Por Sergio Muñoz Riveros

La democracia no sólo es amenazada cuando se conspira en los cuarteles. Sus cimientos pueden erosionarse cuando un gobernante pierde credibilidad ante los ciudadanos, cuando en el Congreso abundan los demagogos, cuando la política y los partidos se desprestigian, cuando ciertos gremios creen que el fin justifica los medios, cuando se vuelven más audaces los grupos dispuestos a desafiar el orden público, etc. Por desgracia, ese es el cuadro de hoy, y mucha gente siente temor ante la posibilidad de desgobierno.

En una situación como esta, es imperioso que el gobierno y la oposición tiendan puentes. La marcha del país no puede depender de las investigaciones del Ministerio Público sobre las platas de las campañas. Cualesquiera que sean sus resoluciones, la Moneda tiene que preservar la gobernabilidad y la estabilidad, y favorecer los acuerdos amplios sobre probidad y transparencia, inversión y crecimiento económico, mejoramiento de la salud pública, reforzamiento de la seguridad ciudadana, etc.

Aunque fue ampliamente valorado el nombramiento de los ministros Burgos en Interior y Valdés en Hacienda, que han tratado de crear un clima de diálogo, subsiste la necesidad de que la Presidenta le hable claro al país acerca de lo que hará y no hará en el tiempo que le queda. No puede vacilar acerca de la aplicación de la ley. Por ejemplo, la mayoría de los chilenos espera que actúe con energía en defensa del derecho a la educación de los alumnos de las escuelas municipales, perjudicados hoy por los paros del gremio de profesores, cuyos dirigentes están contribuyendo en los hechos a hundir la educación pública. El gobierno tiene que hacerse respetar aunque lo amenacen con paros nacionales.

La Presidenta debe aclarar qué quiere conseguir en su período respecto de la Constitución. Si mantiene una posición ambivalente, pone en duda las bases del Estado de Derecho y socava su propio mandato, lo que estimula a los populistas de todo tipo. El debate constitucional es enteramente legítimo, y algunos partidos están preparando sus propuestas, pero otra cosa es alentar un proceso confuso que termine metiendo al país en un callejón sin salida. Lo mejor es que el próximo Congreso se aboque al estudio y la toma de decisiones sobre la materia.

El Partido Socialista debería ayudar a la Presidenta a definir un rumbo realista. Sus dirigentes no pueden olvidar las lecciones de la historia: les consta el terrible costo humano que pagó el PS por el desastre de hace 42 años. Por ser el partido de la Presidenta, tiene responsabilidades más altas que ningún otro en lo que se refiere a encontrar una salida racional a la crisis. Y se supone que los parlamentarios socialistas están interesados en que este gobierno no fracase.