Los cacerolazos por la seguridad

Por Luis Cordero Vega

Para nadie es un misterio que los cacerolazos convocados la semana pasada por un grupo de vecinos del sector alto de la capital fueron un llamado de atención para la agenda de seguridad pública. El Gobierno manifestó su comprensión con los manifestantes y el espacio público se llenó de relatos sobre asaltos ocurridos en el último tiempo. Muchos, además, fueron testigos de cómo una vecina preguntaba con indignación hasta dónde llegaría la delincuencia, ahora que los malhechores tenían “la misma apariencia de sus hijos”, que varios de ellos incluso actuaban vestidos de sacerdotes, demostrando con esto una especie de decadencia moral.

Aunque es razonable que personas afectadas por delitos puedan expresar sus opiniones libremente, lo que no pareciera sensato es que el Estado adopte decisiones de política pública sobre la base de la reacción de intereses de grupo que, aunque legítimos, no pueden ser considerados suficientes para adoptar determinado tipo de soluciones públicas. Curiosamente, la misma semana de la protesta Carabineros entregó el reporte estadístico de enero-mayo (2014-2015), en el cual se indicaba que sólo en la Región Metropolitana los delitos de mayor connotación social —aquellos que explicarían el cacerolazo— disminuyeron en un 2,3%.

Existe una cierta ilusión de autoridades y parlamentarios —lo que es común a cualquier administración— de que la promoción de una agenda de seguridad pública que aumente las facultades a las policías, limite las opciones de los fiscales para la persecución de delitos y restrinja las facultades de los jueces en la tutela de derechos son buenas políticas públicas y quienes las critican son cómplices de la delincuencia.

Pero los promotores de esa agenda olvidan una cuestión central, y es que el subsidio a la persecución penal en base al sacrificio de derechos es un asunto intolerable en un sistema democrático. La razón es simple, el sistema penal es altamente selectivo con un determinado grupo de personas: jóvenes, hombres y de bajos ingresos. Por eso su implementación esta destinada al fracaso en el largo plazo, porque genera una apariencia de seguridad, deja a un grupo importante de personas al margen de la posibilidad de desarrollarse dignamente, fomenta la cárcel como un lugar de iniciación delictual e impide la reinserción efectiva.

De ahí que la pretensión de solucionar problemas de gestión policial con sacrificio de libertades es insensata, porque olvida algo que se ha repetido más de una vez: una sociedad segura es la más justa, no la que tiene mejor organizado sus sistemas de represión policial, dispone de más botones de pánico y envía más personas a la cárcel.