Los derechos de López

Uno de los temas permanentes de los últimos 15 años ha sido la impermeabilidad del gobierno venezolano (hoy con Maduro y antes con Chávez) a las condenas en materia de derechos humanos. Basta recordar las críticas de José Miguel Vivanco al sistema de control político de los opositores, que limita libertades básicas de los venezolanos.
Aquí no se trata sólo de percepciones. La detención de la jueza María Lourdes Afiuni tras otorgar libertad condicional a un opositor de Chávez, es un hecho elocuente. Después de ser torturada, recibió la libertad condicional en 2013, con múltiples restricciones.
Recientemente los tribunales de justicia chilenos dieron lugar a estudiar un recurso de protección interpuesto a favor de la vida del dirigente venezolano Leopoldo López sea estudiado o, al menos, a recabar antecedentes en las instancias gubernamentales que corresponda. Un recurso de este tipo no busca indagar culpables. Sin embargo, el hecho de que las cortes estén dispuestas a indagar la información sobre sucesos ocurridos en otro país abre un espacio para que podamos debatir sobre el tema y abiertamente tener opinión de lo que está ocurriendo en Venezuela.
En efecto, más allá de que López y Ceballos hayan suspendido la huelga de hambre, aún siguen presos y, en consecuencia, lo que importa destacar es el debate respecto del tema. En este caso, como en otros, no se trata de consignas políticas, de ser de izquierda o de derecha, sino que de condenar acontecimientos que, ciertamente, afectan derechos básicos invocando razones políticas o de Estado, bajo un régimen democrático. Es esto lo que lo hace más grave que ocurran en democracia.
En este contexto, una reflexión de fondo que se puede extraer es cuán feble se vuelve la democracia cuando no se cuenta con instituciones que velen para que, a pesar de los giros políticos electorales, existan límites para contener a las autoridades para organizar el aparato del Estado a favor de sí mismas. Los ya 15 años del experimento chavista han dejado en evidencia la destrucción de un sistema de garantías que fueron desvaneciéndose a través de la cooptación y el control sistemático de todos los poderes del Estado.