Oportunidad u oportunismo

Rodrigo Montt Swett
Director Ejecutivo Fundación Manuel Montt

Esta semana pudimos ser testigos de una nueva cuenta pública del Congreso, la cual, por el momento en que se realiza, no es una actividad cualquiera, sino que tiene una valoración especial para la ciudadanía, porque implica una nueva oportunidad para la clase política. Ante la Comisión Engel, junto al Instituto Res Publica, expusimos que para recuperar las confianzas, los políticos debían legislar “con sangre” en todo lo relativo a normas que eviten la corrupción. Las modificaciones debían ser dolorosas para quienes detentan el poder, y no meros maquillajes y frases bonitas para la galería. Consideramos que los miembros del Congreso tienen una oportunidad histórica para recuperar la confianza y el respeto de la ciudadanía. En efecto, aplaudimos que a lo menos dos de nuestras propuestas sean consideradas por el Congreso, a saber: disminuir la dieta parlamentaria y regular el uso de las asignaciones parlamentarias en tiempos de campaña. Sobre lo primero cabe señalar que esperábamos un gesto más radical de parte de los parlamentarios. Congelar la dieta, si bien implica en términos reales una disminución de la misma, creemos que sigue siendo alta, habida consideración de que es muy superior a la remuneración de los parlamentarios de otros países; a la de otras autoridades del país, como por ejemplo los alcaldes; e incluso a la de altos ejecutivos del sector privado, generando un interés por perpetuarse en el cargo. Respecto del uso de asignaciones parlamentarias en períodos de campaña, creemos que su enunciado, si se sincera, podría llenarse de contenido que vaya en la dirección correcta de fortalecer la democracia y revalorizar la política. Es de justicia que estas asignaciones se imputen al gasto electoral durante el tiempo de campaña, asimismo, que se sincere dicho período. Han sido los mismos parlamentarios quienes, queriendo evitar el mal uso de los recursos públicos, han limitado la posibilidad de presentarse como candidatos al Congreso a otras autoridades (ministros, intendentes, alcaldes), quienes deben renunciar a sus cargos un año antes de la respectiva elección parlamentaria. No hay motivo para que los gastos efectuados con asignaciones parlamentarias, que son también recursos públicos, durante un año antes de la elección, no tengan la misma regla que tratándose de otras autoridades. Por lo tanto, será letra muerta si solo se aplica la regulación y/o imputación a gastos de campaña de las asignaciones parlamentarias a uno o tres meses. Solo así podremos confirmar si se trata de aprovechar una oportunidad de recuperar la confianza ciudadana y de revalorizar la política, o de un mero oportunismo para salir del paso.