Se busca contralor

La propuesta del Gobierno para designar a quien dirija la Contraloría General de la República se mantiene en compás de espera hace más de tres meses. A medida de que se alarga la espera se incrementa la sensación de improvisación acerca del futuro de la Contraloría, sobre todo porque se sabía con antelación que Ramiro Mendoza cumpliría sus ocho años de gestión en abril pasado.

Desde la llegada de Burgos al Ministerio del Interior, la búsqueda parece orientarse hacia equilibrar designaciones de género. Hasta ahora, se ha barajado el nombre de Macarena Lobos, quien colabora como coordinadora legislativa del Ministerio de Hacienda, pero la opción no prosperó. También han salido nombres como María Eugenia Manaud o figuras históricas como Paulina Veloso, Soledad Alvear y la propia subcontralora, Patricia Arriagada.

El quórum para la designación es de tres quintos, que son 23 senadores. El Gobierno, actualmente, dispone de casi la totalidad de ellos, con 21 votos, pero se ha insistido en que se quiere agotar la opción del consenso, siguiendo un proceso similar al que ocurrió, en su momento, con la designación de Ramiro Mendoza. En esa oportunidad, durante el primer gobierno de Bachelet, se mantuvo nueve meses la espera por el nombramiento. Claro que en ese entonces las fuerzas en el Senado estaban mucho más equiparadas que ahora.

Por su parte, senadores de RN y la UDI han señalado que, hasta ahora, no se ha dado una consulta con algún nombre firme. Reconocen que los tanteos han sido febles, porque el Gobierno no tiene una decisión adoptada que les permita sacar adelante un candidato sin tener que exponerse a la estigmatización que se trate de un contralor o contralora de la Nueva Mayoría.

Mientras, la oposición ha hecho pública su crítica por la demora de la Contraloría en responder a requerimientos de fiscalización en temas como la malversación de fondos públicos para campañas electorales o la legalidad de autorizaciones de marchas que acaban en disturbios, atribuyéndolo a una consecuencia de la demora en la designación de un contralor.

Pese a las críticas, al tiempo que ya ha transcurrido y a los últimos episodios donde autoridades de la Nueva Mayoría se han visto inmiscuidas en problemas de transparencia, mantener al país sin contralor parece no ser un tema prioritario para el actual gobierno, a pesar de sus intentos por desmarcarse de estas malas prácticas en temas de transparencia y probidad. No apresurar la decisión que designe a un líder en la Contraloría significa mantener vacante una figura que asume la responsabilidad de esta institución fiscalizadora, lo que versa en contra de cualquier ánimo de intentar resaltar con actitudes transparentes y probas. La postergación tiene sus costos, pues da la impresión de que no se le da importancia a la vacancia del mando de una institución que la propia Presidenta se comprometió públicamente a resolver durante la última cuenta pública del ex contralor Ramiro Mendoza.