Un cambio realista y positivo
“El anuncio presidencial no es un acto de temor, ni menos de traición a sus compromisos, sino que un gesto de responsabilidad”.
Por Cristina Girardi
La Presidenta anunció en forma clara que su gobierno no seguirá adelante con la implementación del programa en los términos que había planificado. La razón es conocida, nuestra economía está estancada -el último Imacec fue 0,8, pero desestacionalizado fue prácticamente cero-, lo que implica asumir dos consecuencias ineludibles: la recaudación fiscal estará muy por debajo de lo esperado y la primera prioridad tiene que ser volver a poner en movimiento al país, la reactivación es la tarea del momento.
El anuncio presidencial no es un acto de temor, ni menos de traición a sus compromisos, sino que un gesto de responsabilidad. Partidarios y opositores debieran respaldar por igual la decisión, ya que es una demostración de sentido práctico. La Presidenta ha dado testimonio de que su adhesión al programa no es tan ideológica como muchos pensaban. Hay parlamentarios de la Nueva Mayoría que reclaman el cumplimiento de las promesas, como la gratuidad universal universitaria “sin excusas”, pero lo que el Gobierno está diciendo es que no se puede pagar sin dinero. La certeza del argumento es demasiado obvia.
La reactivación, por su parte, también exige detener el avance reformista. Con el mismo pragmatismo, aunque no lo diga explícitamente, está reconociendo que la paralización de la economía es consecuencia de una caída brutal de la inversión por la falta de confianza en las reglas del juego, provocada fundamentalmente por las reformas pendientes. Es un hecho que la reforma constitucional se ha quedado, hasta ahora, en un debate sobre el procedimiento, pero el Gobierno no ha explicitado una visión propia sobre el contenido de la nueva Constitución a la que ellos aspiran.
La reforma tributaria incrementó en tres puntos del PIB el costo del cualquier proceso productivo o, dicho de otra manera, redujo en términos agregados en esos mismos tres puntos del PIB la rentabilidad de la actividad económica del sector privado. Los cambios que se tramitan a la legislación laboral tienen, por su parte, el objetivo explícito de mejorar las condiciones negociadoras de los trabajadores con la empresa. Vale decir, intentan lograr un incremento de los niveles de remuneración, no sobre aumentos de productividad, sino de capacidad de presión. El efecto buscado llevará a una nueva merma de la rentabilidad de la inversión. Si a eso agregamos el desconocimiento de los cambios institucionales que se propondrán, sería contumaz negar que aquí está el freno que está trancando nuestra economía.
La decisión de la Presidenta es dolorosa, en la práctica significa dar políticamente por concluido su segundo mandato y afrontar dos años de mera administración hacia delante. Pero es la renuncia de la responsabilidad con el país y esa fidelidad es anterior a la que se puede profesar a cualquier programa.