Cobre: el superciclo no alcanza

El cobre se mantiene en su mínimo precio en seis años y anota su mayor caída anual en 14 años. Y esto no debiera ser tan pasajero, por los excesos de producción advertidos al menos hasta 2018. Los ciclos normalmente no son breves. El del superprecio fue de 2005 a 2014, y el anterior, de precios bajos, duró más de una década. Lo que lo hace más preocupante es que nunca un solo país había sido tan gravitante en la demanda como ahora lo es China, con un 43%.

Los ingresos fiscales por cobre están cayendo a la mitad este año respecto al promedio de los últimos diez años, con el estructural agravante que en este periodo el presupuesto nacional se ha doblado en obligaciones por ley. La participación de los tributos del cobre, que en 2006 representó un determinante 34%, este año no superará el 9% de los ingresos fiscales. Cifras que reflejan una cruda y negativa realidad, con proyecciones muy sombrías. A esto se suma que los dos gobiernos de Bachelet son, hasta ahora, los de peor desempeño económico desde 1990, añadido a las magras cifras de crecimiento, inflación y desempleo, y a la caída en la imprescindible recaudación tributaria.

Para peor, las reservas del Fondo de Estabilización (FEES) no son particularmente altas: 16 mil millones de dólares, que la administración Piñera, con alto sentido de responsabilidad, recuperó después de lo que gastó, con muy discutibles logros, la administración Bachelet-Velasco en la crisis de 2009.

Esta situación no mejora con una mirada de mayor horizonte. El 80% de los proyectos mineros en evaluación no cubren sus costos medios, ni siquiera con la caída del petróleo o la virtuosa alza del dólar, y la industria minera chilena alcanzará tres años sin hallar nuevos yacimientos.

Ante esta dura realidad, los costosos derechos sociales del programa a financiar abundan. En la apuesta del Gobierno para atenuar la desigualdad y mejorar la competitividad del país como un todo, la prioridad –tan loable como determinante– es mejorar el acceso y calidad de la educación.

Sólo un decisivo eslabón de esta cadena, el proyecto de “carrera docente”, requiere una enorme inversión de 2.300 millones de dólares. Pero las menores exigencias de evaluación que está imponiendo el miope y egoísta corporativismo del Colegio de Profesores, avalado por el PC, arriesgan que este esfuerzo no produzca mayores efectos virtuosos en el aprendizaje de los escolares. El paradigma esencial del Gobierno se está perdiendo en su lógica de imponer trasnochados dogmas estatistas.