La caída de Huenchumilla
“Más allá de la viabilidad de algunos de sus planteamientos, y de la necesaria respuesta policial y judicial, hay allí un camino para enfrentar el problema”.
La gestión del intendente Francisco Huenchumilla adoleció de la comunicación necesaria con el Gobierno para abordar un tema esencial en su cargo, como debió haber sido la erradicación de la violencia en La Araucanía y el respeto al Estado de Derecho, que ha sido violado reiteradamente en esta región y, lamentablemente, también en regiones vecinas. Huenchumilla fue designado, entre otras razones, por su vinculación con la etnia mapuche, a la que pidió perdón al momento de asumir su cargo, por el despojo que el Estado de Chile había hecho de sus tierras ancestrales. Él mismo, como lo reconoció públicamente, tuvo su propia conversión personal, que lo llevó a asumir una condición ética y una pertenencia de las cuales por muchos años se mantuvo ajeno. Quizás fue esta misma puesta al día la que lo condujo a enfrentar los problemas del conflicto mapuche con una autonomía de la que realmente no disponía. Y que lo hizo cometer errores y produjo además un incordio con el propio gobierno central, al que, una vez destituido, acusó de actuar como agüita perra: que sí, que no; que avanza y que no avanza. Sus críticas a la falta de diálogo apuntaron al ministro del Interior, Jorge Burgos, responsable de su despido, pero probablemente estaba haciendo también un juicio global a la conducta de los gobiernos frente al asunto. Algo que, por lo demás, el propio Burgos admitió el jueves, en medio de las idas y vueltas del Gobierno con los camioneros que querían marchar por la Alameda: el aparato del Estado –Gobierno, policías, fiscales, tribunales– ha sido incapaz de responder a los desafíos del conflicto. Quizás lo más interesante del episodio fue conocer la propuesta que Huenchumilla y su equipo habían elaborado para hacerse cargo de la situación de La Araucanía, y que plantea ideas como el reconocimiento de un Estado plurinacional, garantizar la participación política de los pueblos originarios, y cambiar el modelo de administración de la tierra, separando la propiedad del suelo de la gestión de las plantaciones forestales. Más allá de la viabilidad de algunos de sus planteamientos, y de la necesaria respuesta policial y judicial ante las acciones delictuales, hay allí un camino para enfrentar el problema. Tal vez a Huenchumilla, que tanto critica hoy la falta de diálogo, le faltó socializar su propuesta al interior del Ejecutivo, que era su jefe y mandante. Pero sí tiene razón en que la actual estrategia ha fallado. Su salida no debería hacer que estas propuestas queden en el olvido.