Las bases para la gratuidad

Por Felipe Mancilla Mejías
Vocero Socialcristianos por Chile

La manera como se ha esbozado implementar la anhelada gratuidad en la educación superior no ha estado exenta de polémica. La propuesta de aplicarla a las instituciones del Consejo de Rectores genera resquemores, dadas la inequidad y discriminación que significa dejar fuera de este beneficio a los estudiantes más vulnerables.

Resulta paradójico que un gobierno que se empeña por combatir la desigualdad aumente sus brechas, mediante una propuesta cuyo impacto sólo genera perjuicios a miles de estudiantes de los primeros quintiles. Pareciera que el Gobierno, más que generar criterios de justicia, está empecinado en ganar una batalla ideológica.

Es lamentable que el futuro financiamiento de la educación superior quede supeditado a la historia y no a criterios de calidad y compromiso con lo público. Por ello es necesario recalcar —sobre todo a los dirigentes de la Confech— que lo público no es sinónimo de lo estatal, pues el compromiso que la universidad pueda asumir con la comunidad no se agota en su propiedad.

Tampoco parece lógico que el criterio que definió el Mineduc el pasado 14 de julio, en su propuesta para las Bases para una Reforma al Sistema Nacional de Educación Superior, establezca como requisito para acceder a la gratuidad la pérdida de la autonomía universitaria, mediante la obligación de la triestamentalidad como sistema de gobierno de las universidades. Nada más ajeno a la pluralidad democrática y atentatoria de la libertad académica que exigir una cosa por otra. Es esa autonomía en la que se basa el proyecto fundacional de una institución académica, por el cual ella cumple con su rol social.

El buen desempeño del financiamiento a la educación superior debe estar centrado en los requerimientos del estudiante. El financiamiento institucional debe apoyar la investigación, independiente del tipo de propiedad.

Las bases del nuevo sistema que definió el Mineduc están lejos de lo que prometió el Gobierno en su programa de campaña, perjudicando no sólo a una proporción de los estudiantes más vulnerables del sistema, sino que también vulnerando el proyecto fundacional al cual —legítimamente— aspira una institución académica.