Cambio constitucional

Por Robert Funk
Director Ejecutivo Plural

El deseo de mejorar la política y profundizar la representación ha impulsado la campaña a favor de una asamblea constituyente. La discusión da por sentado que la voluntad y la sabiduría de la mayoría tienen un valor intrínsecamente mayor a las de representantes o expertos. Este aspecto del movimiento AC comparte muchos elementos con el populismo, principalmente la idea de que existe una relación dicotómica, tal vez antagónica, entre la gente, por un lado, y una élite, por el otro, y la noción de que las instituciones políticas son impedimentos a la plena expresión de la voluntad popular. Estas dos características del populismo no hacen que éste sea antidemocrático, sino que apuntan hacia un tipo de democracia que es profundamente iliberal.

El liberalismo entiende que las relaciones de poder entre Estado y ciudadano se establecen a través de acuerdos formales o informales: instituciones, reglas, constituciones. Desde la Carta Magna en adelante, pasando por El Federalista de Madison, las constituciones han sido vistas como herramientas para limitar el poder, tanto el del Estado como el del pueblo. Los populistas rechazan cualquier herramienta que restringa el poder de grupos designados como “populares”. Lo anterior tiene un costo. No es casualidad que en el ranking de Freedom House, Chile sea evaluado como “libre”, mientras países que algunos toman como ejemplo de remodelación democrática, como Venezuela o Bolivia, se consideran como “parcialmente libres”.

Y si pensamos que la democracia es buena, ¿por qué una democracia extrema no sería extremadamente buena? Porque los populistas que se han autootorgado el derecho de hablar por el pueblo asumen que éste es una masa homogénea, y los intereses de las minorías, élites, extranjeros, se presentan como contrapuestos. Nuestra sociedad es cada vez más diversa.

En el siglo XVIII, algunos filósofos franceses entendían que una forma de evitar conflictos entre minorías era crear una sociedad en que las diferencias —la desigualdad de ingresos, por ejemplo— fueran minimizadas. Para Madison, lo importante era asegurar una gran diversidad económica y mucha competencia.

Chile sufre del peor de ambos mundos: gran desigualdad y poca competencia, en una economía concentrada. Pero no por los pecados de un modelo habrá que imponer otro malo. Tampoco tiene sentido plantear que, como no logramos los resultados deseados con las reglas existentes, nos saltaremos las reglas. No es una fórmula para profundizar la democracia. La discusión debiera centrarse en el fondo primero —¿qué país queremos?—, para luego acordar, y no imponer, una forma. ¿No es la imposición de una Constitución, precisamente, lo que queremos arreglar?