DGAC: Caminar hacia adelante

El paro de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que obligó a suspender 362 vuelos en los principales aeropuertos del país, puede ser una lástima, si consideramos los perjuicios causados a más de 50 mil pasajeros. Pero también podría ser una oportunidad para discutir y corregir algunas distorsiones que esta protesta ayudó a visibilizar.

La primera es la demanda de los trabajadores movilizados, que exigen ser reincorporados al sistema previsional de las Fuerzas Armadas, incluyendo no sólo la posibilidad de pensionarse a través de la previsión militar (Capredena), sino también de replicar las condiciones de esa jubilación (por ejemplo, poder hacerlo con sólo 20 años de servicio).

Si el traspaso desde dicho sistema al actual, en 1985, hubiese implicado para ellos algún perjuicio atribuible a esa modificación, como los funcionarios civiles de la DGAC alegan, es posible corregirlo mediante medidas administrativas. Pero ampliar la cobertura de la seguridad social militar no sólo va en contra del sentido de justicia con el resto de los ciudadanos, sino también del buen uso de los recursos fiscales. De hecho, la última reforma a este sistema, promulgada en febrero de 2014, avanzó en sentido contrario, traspasando la dependencia de los funcionarios civiles que se van incorporando a las FF.AA., en áreas como salud y educación, al sistema de AFP.

Coincidentemente, la Comisión de Pensiones acaba de recomendar, por amplísima mayoría, llevar al personal militar al sistema de capitalización individual. Se trata de una propuesta razonable. El altísimo costo para los contribuyentes que implica financiar las pensiones militares (equivalente a casi el 1% del PIB) lo justifica plenamente. Existen además herramientas de política pública que permiten compensar, a un costo menor, las condiciones particulares de la carrera militar.

Otro asunto a revisar es la estructura orgánica y atribuciones de la DGAC. La ley que rige esa entidad consagra una injustificada dependencia tanto del Ministerio de Defensa como de la Fuerza Aérea, que incluye que ciertos cargos deben ser ocupados exclusivamente por oficiales activos de dicha rama. También parece extraño que este organismo, responsable de la seguridad aeronáutica y la aviación civil, tenga a su cargo negocios como el manejo del Duty Free del aeropuerto. Depositar estas tareas en un organismo civil, dependiente del Ministerio de Transportes y sujeto a todas las normas de la administración pública, sería otro paso adelante.