Discapacidad y derechos humanos

Por Patricia Pérez Goldberg
Fundación P!ensa

Como reza el adagio popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y esto es particularmente evidente en materia de derechos humanos y, en especial, de los derechos de las personas discapacitadas. No sólo hay un desfase importante entre la adopción de instrumentos internacionales, su consagración normativa en el derecho interno y la implementación de políticas públicas. Existe también desconocimiento, indiferencia y muchas veces, actitudes discriminatorias que surgen en la sociedad civil. Las estadísticas ayudan a entender, pero se necesita más que eso para cambiar conductas. Es necesario internalizar el valor del otro, del distinto, del que no satisface el estereotipo, y actuar en consecuencia.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discapacidad (Endisc) de 2004, una de cada ocho personas en nuestro país vive con una discapacidad; de éstas, por ejemplo, un 31,3% presenta discapacidad física (psicomotora); un 9%, intelectual, y un 7,8%, psíquica. Son estos dos últimos grupos los que enfrentan el mayor estigma. Por su parte, conforme a la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos desarrollada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los chilenos percibimos a las personas con discapacidad como el quinto grupo más vulnerado en sus derechos, con un 50,3% de las menciones. Según ha indicado el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), a fines de este año se conocerán los resultados de la nueva Endisc, instrumento relevante para conocer los datos actualizados sobre prevalencia y caracterización de la discapacidad en Chile. El cambio social, sin embargo, sólo se gestará a partir de la reflexión, el debate, y el efectivo cumplimiento del marco jurídico que regula esta materia.

Hace algunos días, la Cámara de Diputados aprobó una de las iniciativas sugeridas por la comisión Engel, que establece un plan de formación ciudadana en el currículum escolar. Uno de los objetivos que deberá incluir este plan justamente es promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los y las estudiantes con los derechos humanos y fomentar la valoración de la diversidad social y cultural del país. Es de esperar que este proyecto, si se convierte en ley, contribuya a ir acortando el trecho que hay entre lo que decimos y lo que hacemos en materia de discapacidad.