El precio de la incoherencia

Cuando las cosas se hacen bien, y se actúa con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, la ciudadanía lo aprecia. La Presidenta aumenta su aprobación después del terremoto y del fallo de la Corte de La Haya. Pese a que no se trató de un resultado exitoso, la respuesta frente al terremoto y el tsunami mostró a la Presidenta conduciendo, preocupada y cercana, y al Gobierno respondiendo con responsabilidad y buena gestión. Lo mismo con La Haya: independiente de un fallo adverso, los chilenos perciben que la Presidenta defendió el interés de Chile, buscó la unidad de todos los sectores y respaldó al mejor equipo en la corte. La coherencia y las cosas bien hechas tienden a unir a los ciudadanos en una visión positiva, cuando perciben que éstas se orientan al bien común y entienden las razones de las acciones.

Al contrario, las incoherencias e improvisaciones son fatales para el prestigio de las autoridades y las instituciones públicas. Un ejemplo es cómo una amplia mayoría de chilenos que aprobaban las reformas propuestas, hoy las rechazan. ¿Es que dejaron de querer los cambios en los sistemas de educación, tributario y laboral? ¡Por su puesto que no! Lo que pasa es que vieron poca claridad, poca capacidad de escuchar, poca consistencia con los problemas reales. La mayor ceguera consiste en creer que la gente no las ha comprendido –despreciando la inteligencia de los chilenos– o, peor aun, cuando se presume un complot de los que se oponen, porque afectan sus intereses. Parecen no comprenderlo las autoridades del Gobierno que, a pesar de los reconocimientos de algunos y de las palabras de la Presidenta de que las reformas se harán con diálogo y gradualidad, insisten en el camino anterior. Eso se llama incoherencia.

Por eso es tan preocupante lo que estamos presenciando en la reforma educacional. La Presidenta comprometió la gratuidad universal para que se inicie en 2016. El objetivo final es lograr la igualdad. Pero la gratuidad, tal como se plantea, implica nada menos que el cambio del sistema de financiamiento de la educación superior. Es evidente que ese cambio tiene complejidades enormes y que han sido poco estudiadas. De allí que el ministerio ha dicho y se ha desdicho en varias ocasiones. Se creó una comisión de expertos, pero que no puede discutir la gratuidad. Es lamentable también que un cambio de esta magnitud se haga a través de la ley de presupuesto y se descarte la alternativa de, por este año, aumentar las becas y llegar a la gratuidad comprometida, mientras el próximo año, con un proyecto claro, se aborde el cambio del sistema de financiamiento. En vez de buscar el acuerdo a través de un debate en serio en el Congreso, se opta por imponer una visión a toda costa, aunque sea improvisando. Al final se trata de cambiar “el modelo” y dejar contentos a la minoría de estudiantes movilizados, más que de implementar efectivamente la gratuidad y avanzar hacia la anhelada igualdad.