Inconvenientes de prestar el nombre
Por Fernando Balcells
Por Fernando Balcells
Eduardo Engel ha escrito un balance a cuatro meses de la entrega del informe que lleva su nombre. Él acepta la filiación con humor y con un cierto orgullo, pese a que arriesga asociar su nombre a la antigua figura del intelectual del Estado. La ilusión intelectual es una forma pragmática del utopismo, que se ha convencido a sí mismo de que son la técnica y la ciencia lo que inclina la balanza, y no las fuerzas sociales o los oscuros enjambres burocráticos. Cree que tendrá una influencia decisiva por la fuerza de sus razones.
La ingenuidad del técnico no entiende los descalces entre su teoría, sus propuestas y la realidad. La propuesta es suficiente para atenuar las principales lesiones a la probidad política. Y, sin embargo, no se mueve, y se desbarata. Engel no piensa que él y su informe sean parte de una conspiración de blanqueo. Esa hipótesis, que no está al alcance de su buena fe, es, sin embargo, la salida inevitable de este ataque de transparencia inconsistente.
Engel tiene razón en sus peticiones. Pero eso no basta. Él, aunque lo intuye, no entiende el papel que podría jugar la ciudadanía. Solicita sociedad civil, pero no tiene un lugar operativo para ella. Se siente defraudado y lo dice. Lo que él pide hoy y que no está en su proyecto es la tercera pata de la mesa social: la ciudadanía. Es a esa irrupción no formateada a la que temen la izquierda y la derecha unidas. Engel atribuye las desgracias de su propuesta a la estructura caudillista de los partidos políticos. El problema planteado por esta visión no es el del sistema democrático o del principio de mayoría, sino de quién es el usurpador legítimo de la soberanía; si los empresarios, los malos caudillos, los buenos líderes o los técnicos sabios. En una mirada más amplia, la probidad no es el problema sino el síntoma maloliente del encierro endogámico de la política. La nueva legislación será exitosa si logra trabar los mecanismos de solidaridad institucional que incentivan y protegen los financiamientos ilícitos.
Si se aprueba la revocación de parlamentarios por iniciativa popular calificada, se logra instalar un sistema plebiscitario de reformas sustanciales y se admite la incidencia ciudadana en las instituciones del Estado, podrían empezar a recuperarse la confianza de los chilenos en sus instituciones y el compromiso activo de las personas con el sistema político.