La banalidad es peligrosa

Por Sergio Muñoz Riveros

Entre 1970 y 1990, Chile vivió dos catástrofes: la Unidad Popular y la dictadura de Pinochet. La primera, el fracaso de un proyecto revolucionario de sello dogmático y voluntarista, que polarizó a la sociedad y debilitó el Estado de derecho. La segunda, el aplastamiento de la institucionalidad democrática y la entronización de un régimen que criminalizó al Estado. ¿Aprendimos algo de ello? En rigor, ni la paz ni la estabilidad de estos 25 años habrían sido posibles sin el consenso sobre los fundamentos de la vida en libertad, en primer lugar la protección de los derechos humanos. Fuimos capaces de superar el espíritu de trinchera y asimilamos el valor de la tolerancia. Por desgracia, ciertas lecciones parecen desvanecerse.

La democracia se debilita cuando, como ocurre hoy, los ciudadanos perciben que la política es un mundo de trampas y desvergüenza; constata los graves estragos de las promesas populistas; siente que, frente a los focos de violencia, el Estado no protege eficazmente sus derechos, y comprueba cuán lejos ha llegado la frivolidad entre los parlamentarios.

Ciertos dirigentes oficialistas no se dan cuenta de que la Presidenta Bachelet está en problemas. El senador Alfonso de Urresti (con cargo asegurado hasta 2022) y el diputado Leopoldo Soto (con cargo asegurado hasta 2018), ambos del PS, han usado la presidencia de las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara para tratar de convencer a la Mandataria de que llame a un dudoso plebiscito que abriría la puerta a la elección de un Parlamento paralelo, pues eso es la asamblea constituyente que los obsesiona. Además de que el hipotético plebiscito podría convertirse en una oportunidad para decir NO a Bachelet, lo que ellos proponen es una aventura política inútil: la convocatoria, la composición, la forma de elección y el presupuesto de la asamblea, ¡tendrían que ser aprobados por el Congreso! ¿Por qué entonces no puede el propio Congreso resolver los cambios constitucionales?
El PPD propone una asamblea con 50 senadores, 155 diputados (o sea, todos los parlamentarios), y otros 205 delegados, la mitad serían mujeres y 26 indígenas. El PC propone 170 delegados, 32 de ellos elegidos al azar. En fin. Es impresionante la inconciencia con la que actúan no pocos políticos. No parece importarles el efecto devastador de la infección demagógica en la estabilidad institucional. Es como si creyeran que el edificio resiste todos los sismos, incluida la crisis de gobernabilidad.