La reforma del Servicio Electoral
“Es en los proyectos que tocan el bolsillo de los partidos y de sus jerarcas donde la clase política deberá probar su voluntad para salir de la crisis”.
El Congreso aprobó este martes la reforma que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral (Servel). Se trata de una de las iniciativas más relevantes entre las 21 que anunció la Presidenta Bachelet el 11 de mayo pasado, como parte de la agenda legislativa en materia de probidad y transparencia.
La nueva normativa define al Servel como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y establece que será regido por un consejo directivo integrado por cinco miembros, que serán designados por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado, y cuya duración en el cargo será de diez años, durante los cuales sólo podrán ser removidos por causales específicas.
Con la reforma, el Servel recibirá atribuciones para administrar, supervigilar y fiscalizar los procesos electorales. Junto con ello, fiscalizará el cumplimiento de las normas sobre gasto electoral, con facultades para multar a quienes las incumplan o, incluso, de solicitar al Tricel la destitución de autoridades. Además, será la entidad responsable de supervisar las normas de transparencia y uso de los recursos públicos por parte de los partidos políticos.
Queda todavía por conocer cuáles serán las capacidades efectivas que tendrá el servicio para cumplir con aquellas tareas: muchas de las normas e instituciones que deberá fiscalizar no están definidas todavía, al igual que los recursos y la dotación de personal de las que dispondrá. Sin embargo, se trata de un avance relevante para mejorar la calidad de nuestra política y la confianza de los ciudadanos en ella. En su libro “Por qué fracasan los países”, James Robinson y Daron Acemoglu explican abundantemente cómo la construcción de instituciones apropiadas y competentes influye directamente en el desarrollo político y la prosperidad económica de las naciones.
De todos modos, todavía no es hora de celebrar. Como lo han advertido algunos de los integrantes del Consejo Asesor Presidencial creado para estos efectos, incluyendo a su presidente, Eduardo Engel, algunos de los proyectos propuestos podrían ser debilitados en su discusión parlamentaria. Los principales nudos están puestos en los requisitos para entregar dinero público a los partidos, así como en la institucionalidad que los regirá, específicamente la exigencia de reinscribir a todo su padrón de militantes. Tampoco parece avanzar la propuesta de limitar la reelección de los cargos.
Es en los proyectos que tocan el bolsillo de los partidos y de sus jerarcas donde la clase política deberá probar su voluntad para salir de la crisis de legitimidad que la acecha.