Nuestros niños no pueden esperar

Por Jerko Juretic
Centro de Sistemas Públicos Ingeniería Industrial, U. de Chile

Hace poco, el mundo se conmocionó con la imagen del pequeño Alan Kurdi, fallecido en una playa de Turquía, intentando escapar con sus padres hacia una mejor vida en Europa. En Chile, cada cierto tiempo es común ver noticias de menores abandonados, abusados, agredidos o simplemente ignorados por sus familias. A pesar de que nuestro país ratificó en 1990 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aún estamos al debe con su efectiva implementación.

Si bien no se puede desconocer el avance en mayor cobertura y la creación de organismos y políticas sectoriales destinadas a otorgar una mejor protección a los niños, niñas y adolescentes en Chile, nuestro país aún no cuenta con un sistema formal, integrado y efectivo dedicado a la infancia. La deuda es grande, pues diversos estudios sitúan en torno al 25% los niños que son objeto de algún tipo de abuso y en 28% los niños —entre 4 y 11 años— que manifiestan alguna patología psiquiátrica.
Una situación preocupante es la deficiente o inexistente coordinación, a nivel central y local, entre todos los actores involucrados: policías, Poder Judicial, Sename y ministerios de Salud, Educación, Justicia e Interior, entre otros. Con este funcionamiento descoordinado emergen ineficiencias, duplicaciones de servicios, insularidades, miradas sesgadas de los problemas y, en definitiva, vulneraciones de los derechos de los niños y adolescentes.

El año 2014, en un estudio realizado junto con Unicef, identificamos que un principio fundamental de cualquier nuevo sistema para la infancia y adolescencia es la aplicación de un enfoque sistémico en su diseño, implementación y ejecución. Esto es, que la protección de los niños, niñas y adolescentes se logra con una acción conjunta y coordinada de todas las instituciones, trabajando por un objetivo común y no sólo por la atención o prestación que cada organismo da por separado.

La ausencia de un enfoque sistémico, como ocurrió en el Reino Unido y Estados Unidos en los años 90, generó inercias organizacionales muy difíciles de erradicar y casos graves de abusos. Por tanto, es necesario establecer, previamente, mecanismos formales e informales de coordinación entre agencias como una ruta crítica de éxito. Esto es, definir obligaciones y prerrogativas que gobiernen la coordinación e intervenir con fuerza en lugares donde los estándares mínimos no se están cumpliendo.
Más del mismo diseño institucional sólo repetirá nuestros errores. Esperemos que la futura Ley del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez y la creación de la Subsecretaría de Infancia consideren esta mirada sistémica, pues nuestros niños y niñas ya no pueden esperar.