¿Quién protegerá a Leopoldo López?

Por José Miguel Vivanco
Director para las Américas Human Rights Watch

Cada noche, a las 8 pm, se apagan las luces en la celda de dos por dos metros donde se encuentra detenido el líder opositor venezolano Leopoldo López, en una prisión militar en las afueras de Caracas. López es el único detenido en el edificio donde está su celda, y es necesario atravesar al menos seis rejas cerradas bajo llave para llegar hasta él. Este aislamiento, por sí solo, supone un mayor riesgo de abusos u otros maltratos. Además, estas rejas cerradas pueden dificultar que los guardias lleguen oportunamente hasta donde está López en caso de emergencia, o pueden ser una excusa para justificar que no llegaron a tiempo ante una emergencia provocada intencionalmente.

El 10 de septiembre, López fue condenado a casi 14 años de cárcel, tras un juicio en el cual se cometieron graves violaciones del debido proceso y no se presentaron pruebas que lo vincularan con ningún delito. Durante su prisión preventiva, los guardias realizaron requisas violentas en su celda, llevándose hasta dibujos de sus hijos, y le aplicaron castigos injustificados que le impidieron recibir visitas familiares por varios meses. La justicia no concedió ninguno de los recursos que planteó López por violaciones del debido proceso, ni por los abusos sufridos en prisión. En un país donde las instituciones judiciales carecen de la más elemental independencia para proteger a aquellos cuyos derechos fundamentales son avasallados por el gobierno, ¿quién podrá proteger a López?
Diversos observadores internacionales, al igual que organizaciones como Human Rights Watch, han criticado insistentemente la detención y la condena arbitrarias de López. Este mes, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria exigió la liberación inmediata de López, y sostuvo que su juicio se llevó a cabo “a puerta cerrada [y estuvo] marcado por graves irregularidades”. Pero estos reclamos no han sido oídos. La reacción del gobierno venezolano ha sido defender lo indefendible, destacando la labor de los tribunales y el ministerio público como un modelo a seguir. Esta defensa es vergonzosa y no pasa el más mínimo escrutinio de decencia.

Fue recién tras la condena de López que algunos gobiernos latinoamericanos, como Chile, Costa Rica, Paraguay y Perú exhortaron a Venezuela —con mayor o menor claridad— a respetar sus derechos básicos de debido proceso. Anteriormente, autoridades colombianas y estadounidenses, así como los ex jefes de Estado de varios países, habían manifestado su preocupación ante los abusos en Venezuela, incluyendo a López.

A pesar de estas reacciones, lamentablemente, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos han guardado silencio. Mientras América Latina, y en particular Brasil —por el peso regional que ejerce—, no exprese con claridad su preocupación por la concentración de poder y la violación de derechos humanos y libertades públicas en Venezuela, y por la sentencia y las condiciones de detención de López, Maduro seguirá actuando como si tuviera vía libre para hacer lo que le plazca. En el caso de López, esto acarrea gravísimos riesgos.