Semana distrital o vacaciones extra

La polémica por el viaje a Inglaterra del senador Jorge Pizarro, después del terremoto que sacudió la Región de Coquimbo y coincidiendo con la semana distrital del Congreso, mostró la necesidad de regular adecuadamente el uso de este régimen y, de paso, puso en evidencia una serie de debilidades en el control del trabajo parlamentario.

Desde la reapertura del Congreso, en 1990, durante la última semana de cada mes no se programan sesiones de sala ni comisiones, para que los parlamentarios dediquen esos días a trabajar en los distritos que representan y contactarse con sus electores. En el caso de la Cámara de Diputados, este acuerdo está formalizado en el artículo 38 de su reglamento. No existe regulación sobre las obligaciones y limitaciones de dicho sistema, ni tampoco para las vacaciones u otras características específicas del trabajo de los legisladores. Sólo existe un límite a la cantidad de días que pueden ausentarse del país sin un permiso constitucional –violar ese límite implica perder el cargo–, pero, en la práctica, pueden viajar cuántos días quieran, sin justificar el motivo, y sin perder un día de su sueldo.

Ello explica, por ejemplo, que, al igual que Pizarro, aunque tanto alboroto, otros 14 legisladores también aprovecharan el fin de semana de Fiestas Patrias y los días posteriores para salir del país, tanto en viajes oficiales como por motivos particulares.

Preocupados por el nuevo zarpazo a su alicaída imagen, distintos líderes del Congreso –como la senadora Isabel Allende, presidenta del PS, o sus pares Chahuán, Harboe y Patricio Walker– reclamaron medidas urgentes. También las directivas de ambas cámaras están trabajando en una serie de medidas, presentadas hace algunas semanas, que incluyen descontar del sueldo los días no trabajados y la creación de una dirección de ética y transparencia con miembros independientes (algunas propuestas coinciden con las saludables recomendaciones que hizo la Comisión Engel).

Se trata de esfuerzos comprensibles, pero insuficientes para revertir el abrumador rechazo a la gestión del Congreso. Será difícil hacerlo mientras sean los propios interesados los que fijen sus límites y privilegios. Como dice un antiguo refrán español, perro no come perro. Es necesario avanzar hacia alguna fórmula de control externo que, respetando la autonomía del Legislativo, limite el abuso de los recursos fiscales y evite que los ciudadanos vean a sus representantes como una legión de sinvergüenzas. El problema no es tanto la aprobación del Parlamento, que difícilmente puede caer más bajo, sino la posibilidad de que demagogos, caudillos y populistas saquen provecho de esa justificada indignación.