Un país mejor preparado

La fuerza de la naturaleza nos ha vuelto a golpear, causando muerte y destrucción. Es un ciclo de eterno retorno, que nos obliga a estar siempre alertas y preparados para hacer frente a la repetición constante de dichos fenómenos.

Aunque el terremoto y posterior maremoto fueron percibidos en ocho regiones del país, los efectos más fuertes se concentraron en la región de Coquimbo. Los daños en el sector costero fueron elocuentes. Un balance entregado esta mañana por el Ministerio del Interior habla de 656 viviendas destruidas y 9.061 damnificados, además de las 13 personas que fallecieron, y otras cuatro que continúan desaparecidas. Sólo en el puerto de Coquimbo, además, la destrucción de infraestructura pública alcanzó a los siete mil millones de pesos.

Bien sabemos que estas cifras podrían incrementarse a medida que se conozca nueva información. Sin embargo, es evidente que la mayor parte del país ha resistido razonablemente bien el remezón de 8,4 grados Richter y sus centenares de réplicas. El comportamiento de la infraestructura crítica ha sido especialmente positivo: los servicios básicos se interrumpieron de forma acotada y no hubo que suspender el transporte aéreo ni por carretera.

Dicha respuesta es el resultado de haber asumido con responsabilidad la aplicación de técnicas y procesos constructivos antisísmicos, debidamente cautelados por los entes reguladores. También la eficacia del modelo predictivo sobre maremotos y la educación sísmica de la población permitieron que se alertara rápidamente a quienes estaban en las zonas costeras, y se los evacuara de forma oportuna.

Este balance positivo no debe ser sinónimo de conformidad, ni menos inhibir el análisis crítico de la eficacia de las medidas que se implementan, o la necesidad de otras nuevas. Por de pronto, un grupo de especialistas ha señalado la conveniencia de priorizar la inversión en alarmas y métodos de evacuación preventiva, por delante de fortalecer la red de sismógrafos y otros instrumentos de monitoreo. Asimismo, el subsecretario del Interior ha planteado también la necesidad de revisar las normativas respecto de los lugares dónde instalar la infraestructura crítica y la construcción privada, impidiendo la construcción bajo la cota de 20 metros.

Se trata de dos asuntos que deben ser discutidos con cuidado, balanceando adecuadamente las ventajas y riesgos de cada medida, y con la certeza de que la prioridad debe ser salvar vidas.