Un paro ilegal y abusivo

Los funcionarios del Registro Civil han iniciado un paro nacional, perjudicando a miles de usuarios. Se trata, como lo han manifestado la ministra del Trabajo y otros funcionarios, de una paralización ilegal, pues está fuera del marco de las herramientas de negociación de los empleados del sector público.

Habría que agregar, además, que se trata de un paro abusivo. La agrupación de trabajadores del servicio argumenta que no se les habría pagado un supuesto bono que les prometió el anterior ministro, José Antonio Gómez. En el Ejecutivo señalan que las conversaciones respecto de la entrega de incentivos no han sido canceladas, sino que postergadas, a la espera de la negociación anual del reajuste para los funcionarios públicos.

Las cifras que ha entregado la propia dirección del Registro Civil señalan que los empleados de este servicio han recibido en los últimos siete años un aumento en sus remuneraciones reales equivalente al 50%, y que el sueldo bruto promedio en esta repartición supera el millón de pesos, sin contar algunas asignaciones, lo que más que duplica el ingreso promedio de los trabajadores del país. Cabe destacar, además, que estos incrementos han sido conseguidos, en buena parte, gracias a la presión que han ejercido a través de otros paros ilegales, como el de 2008, que duró dos semanas, y el de 2013, que se prolongó por 18 días hábiles.

El Gobierno ha reaccionado correctamente, destacando que se trata de un movimiento ilegítimo y exigiendo responsabilidad a los empleados del servicio. Sin embargo, esta paralización, así como la que ocurrió hace algunas semanas con los funcionarios de la DGAC, confirma la urgencia de modernizar las condiciones laborales de los trabajadores del sector público.

Es cierto que éstos, a diferencia de quienes se desempeñan en el sector privado, no cuentan con derecho a sindicalización, negociación colectiva ni huelga legal. Pero, por otro lado, disfrutan de una virtual inamovilidad de sus puestos —en el caso de los cargos de planta—, pueden declarar paros ilegales que rara vez implican alguna sanción —como probablemente ocurrirá ahora— y sí participan cada año en una negociación transversal, lo cual está negado para quienes se rigen por el Código del Trabajo. Cualquier modificación deberá considerar todos estos factores.

En su discurso del 21 de mayo de 2014, la Presidenta Bachelet anunció que legislaría para consagrar el derecho de negociación colectiva para los empleados fiscales. Es de esperar que esta iniciativa, si se concreta, vaya de la mano con normas de contratación más flexibles, que permitan avanzar en la modernización que nuestro Estado clama.