Un problema para las reformas

La reciente elección de José Ignacio Vásquez como ministro del Tribunal Constitucional (TC) no solamente alterará la correlación de fuerzas en aquel foro. Podría tratarse, sin más, de un freno para algunas iniciativas más relevantes del Ejecutivo.

Hasta ahora, cuando ha tenido que decidir respecto a discusiones legislativas (lo que llevó a algunos de sus críticos a motejarlo de “tercera cámara”), el TC ha mostrado un equilibrio político en su composición, con cinco de sus miembros votando en línea con el oficialismo y otros cinco coincidiendo con la oposición. Esto obligó al presidente del tribunal, cargo que hoy ocupa Carlos Carmona, a dirimir la aprobación o rechazo de estas iniciativas. Fue, por ejemplo, lo que ocurrió hace poco con el proyecto que eliminó la selección, el copago y el lucro, cuando la oposición, derrotada en el Congreso, acudió a esta instancia para tratar de frenarlo.

Pero Vásquez, sin identificación política partidaria, reemplazará en este tribunal a Francisco Fernández, militante socialista y que había votado siempre en línea con los requerimientos del Gobierno. Como lo explica el abogado Luis Cordero, en la columna que publicó ayer en este diario, hay razones para pensar que el voto del nuevo ministro no seguirá esa línea, y que en muchos casos se alineará con la oposición.

Esta designación es una de las tres que corresponden a la Corte Suprema en este tribunal. No cabe considerar su elección como un indicador de que la Corte se inclina políticamente hacia un sector, pero sí como una señal de moderación e independencia. Un indicio de aquello es que los dos candidatos que obtuvieron más votos, Vásquez y Eduardo Aldunate, eran los más identificados con la carrera judicial, mientras que Humberto Nogueira y Juan Carlos Ferrada, más cercanos a la Nueva Mayoría, quedaron en el camino en la primera ronda pese a sus innegables méritos.

La consecuencia práctica del cambio es que el oficialismo ya no cuenta con ese voto y, por lo tanto, no podrá confiar en el TC como dirimente. Esto lo obligará a buscar nuevas estrategias a la hora de sancionar algunas iniciativas en curso: ley de aborto, reforma laboral, gratuidad y reforma a la educación superior, entre ellas. Puede que la mayoría en el Congreso no sea suficiente. Para un gobierno empecinado en sacar adelante su programa a toda costa, éste puede ser un problema mayúsculo. Aunque alguien, con la habilidad política que tenía la vieja Concertación, podría transformarlo en un salvavidas.