Violencia disfrazada

Por Jorge Jaraquemada R.
Director Ejecutivo Fundación Jaime Guzmán

Hace algunos días, con motivo de la conmemoración del 11 de septiembre, la violencia se disfrazó, una vez más, de manifestación social. Esta vez para atentar contra la tumba de Jaime Guzmán, quien murió asesinado precisamente por un acto terrorista. Esta odiosidad no es desconocida en Chile. Es la misma que hace 24 años le arrebató la vida a Jaime y que ahora se vuelve contra su lugar de descanso para intentar silenciar a quienes creen en la libertad.

Esta odiosidad nos recuerda lo peor de una izquierda agresiva y fanática, incapaz de aceptar visiones diferentes y cuyo norte ha sido y parece seguir siendo “avanzar sin transar”. Una izquierda que antaño se autoproclamaba conductora del “impulso combativo del pueblo” y que nublaba las mentes juveniles con febriles panegíricos revolucionarios. ¿O acaso quienes ahora pretenden reescribir la historia no recuerdan cuando la izquierda chilena, ramplona e irresponsablemente, se permitía afirmar que la vía violenta era la única posible para asegurar el triunfo de la revolución y avanzar hacia la obtención del poder total?

Vemos con preocupación cómo han resurgido grupos que propician agresiones del más variado tipo, desde la virulencia en las redes sociales hasta la violencia callejera. Pero esto parece no llamar la atención de nuestras autoridades, quienes insisten en que se trata de hechos aislados, sin causa política ni ideológica que las impulse.

¿Qué lleva a vulnerar uno de los símbolos más sagrados de nuestra cultura, como es el respeto al lugar donde descansan nuestros muertos? ¿Qué incita a colocar una bomba en el Metro? ¿Y qué nos pasa que no reaccionamos ante los atentados contra predios y camiones en La Araucanía y permitimos que se llegue al sinsentido de quemar viva a una pareja de ancianos? ¿Cómo es posible que una turba enardecida agreda una marcha de camioneros frente a la sede de gobierno? ¿Será que Chile sufre de anemia espiritual que ya no se asombra ni protesta cuando un político reconoce en la prensa —con soltura y desenfado— haber autorizado actos terroristas? ¡Y nada menos que para secuestrar a un niño!
La sociedad y las autoridades deben poner atajo a esta actitud. Un país que no reacciona a tiempo termina por retroceder ante la fuerza del fanatismo ideológico. Y si sus promotores hoy gozan de impunidad o incluso de indiferencia, mañana avanzarán ciega e incansablemente hasta desestabilizar la democracia. La violencia política no se debe permitir ni menos justificar. Por el contrario, se debe condenar, sancionar y erradicar, porque es enemiga y atenta contra toda la sociedad.