Castigo efectivo para la colusión

La colusión de dos empresas papeleras, CMPC y SCA, antes PISA, para repartirse el mercado del papel tissue durante más de una década, ha recibido un duro reproche de la sociedad. La dirigencia empresarial se pronunció condenando estas prácticas. El presidente de la CPC pidió a las firmas que reparen el daño causado; el timonel de la Asociación de Bancos solicitó revisar las penas para estos casos, y otros ejecutivos sugirieron incluso la expulsión de las compañías involucradas de los gremios empresariales.

Felizmente, se trata de una reacción más severa que la que ocurrió cuando se destaparon los carteles de las farmacias, de los pollos o de los buses. Sin embargo, parece evidente que el simple reproche no es suficiente para desincentivar este tipo de acciones. Los antecedentes revelados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre el modus operandi de los ejecutivos involucrados (por ejemplo, la forma en que se deshicieron de teléfonos y computadores arrojándolos al canal San Carlos) indican que éstos tenían plena conciencia de la gravedad del ilícito que estaban cometiendo. Si las empresas quieren prevenir estas conductas no basta con redactar códigos de ética. Tal vez habría que revisar también si los bonos e incentivos que muchas veces se ofrecen a los ejecutivos, a cambio de maximizar ganancias a cualquier precio, no terminan estimulando tropelías.

También la clase política, de manera transversal, se ha plegado a esta condena, pidiendo al Gobierno otorgar suma urgencia al proyecto de ley que endurece las sanciones contra la colusión y otras violaciones a la libre competencia. Esta iniciativa del Ministerio de Economía, que se tramita desde hace siete meses en el Congreso, permitiría imponer multas efectivamente disuasivas; sancionar penalmente a los ejecutivos que hicieron factible la colusión, incluso con cárcel efectiva, e incentivar que sean los propios ejecutivos los que acudan a la delación compensada, limitando las posibilidades de las empresas de exculparse o eximirse de multas.

Hay opiniones divergentes respecto a cuáles son los instrumentos más efectivos para desenmascarar a los carteles. Pero caben pocas dudas de que las sanciones que tenemos actualmente colocan este delito muy al borde de la impunidad, y es necesario que sean más severas. La Corte Suprema acaba de confirmar el fallo que multó con US$ 60 millones, el monto máximo que permite la ley, a las empresas que formaron el cartel de los pollos. La FNE había calculado las ganancias de este ilícito en US$ 1.500 millones. La colusión es una conducta difícil de probar, y mientras siga siendo un negocio rentable para las empresas y sus ejecutivos, es probable que siga ocurriendo. Castigarla no desincentiva el emprendimiento y la libre empresa, sino todo lo contrario.