Humo constitucional

Acelerar sin avanzar parece ser la idea que domina el anuncio de cómo se concretaría la tercera gran promesa de campaña del Gobierno: una nueva Constitución Política para Chile.

La Presidenta Bachelet, fiel a su realismo sin renuncia, anunció que durante su gobierno no habría nueva Constitución, y que sería el próximo Congreso el que determinará el mecanismo, eso sí, sólo si el Congreso actual aprueba por dos tercios, mayoría que el Gobierno no tiene, una reforma constitucional sobre cómo se modifica la Carta Magna. Hasta aquí, todo parece renuncia.

Pero establecer ese camino constitucional no obedece a un ánimo de renuncia, sino todo lo contrario. El Gobierno y la propia Presidenta se dan cuenta que el tema necesita ser construido como problema social, es decir, dotarlo de una audiencia y de intensidad. Hoy no es percibido como una prioridad ni menos una urgencia social, por lo que es indispensable invertir una gran cantidad de recursos estatales: sólo en el presupuesto 2016 se consideran 2.800 millones de pesos. No parece correcto que el Gobierno gaste recursos en levantar el tema constitucional, menos aun si pretende usarlo como tema electoral, en paralelo de las campañas de alcalde y concejales. El riesgo de esta verdadera intervención electoral es evidente y es difícil justificarlo como educación cívica.

La Presidenta logró, como pocas veces, alinear a sus partidos y parlamentarios en torno a este anuncio, controlando la agenda política como no lo había hecho en meses, y dividiendo a la oposición (aunque en esto haya menos mérito, pues esta no ha logrado unirse salvo para acciones puntuales). El humo constitucional logró trasformar el incumplimiento de la promesa electoral –la renuncia– en un acierto político para un gobierno que, de éxitos, ha conocido poco.

La duda queda en cómo reaccionara la sociedad, que ha rechazado una a una las reformas propuestas por la Presidenta por no compartir ni la forma, el modo en que se implementan, ni el fondo, los valores subyacentes a ellas. En un tema que afecta su vida diaria menos que la educación, los impuestos o las relaciones laborales, esperemos que este humo constitucional no haga caer a la ciudadanía en la trampa de dejar en manos de pocos –los políticos y los más politizados– la discusión de las normas básicas que ordenan nuestra sociedad.