Juicio farsa en Venezuela
“La confesión del fiscal debiera, al menos, dar lugar a un nuevo juicio, bajo las normas del debido proceso. Pero es dudoso que ello ocurra”.
El 10 de septiembre pasado, el líder opositor venezolano Leopoldo López fue condenado a casi 14 años de cárcel, tras un juicio en el cual se cometieron graves violaciones al debido proceso y no se presentaron pruebas que lo vincularan con ningún delito.
La fiscalía lo acusó de instigar, a través de sus discursos y mensajes en Twitter, las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que estallaron en febrero de 2014, y que causaron la muerte de 43 personas y dejaron más de tres mil detenidos. Se lo consideró responsable de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio.
El viernes, sin embargo, el fiscal Franklin Nieves, el acusador más duro en el proceso, reconoció a través de un video que los argumentos que presentó en la acusación eran falsos. El fiscal explicó también que había decidido salir de Venezuela, junto con su familia —el video habría sido grabado en Miami—, debido a la presión que estaba recibiendo del Ejecutivo para continuar defendiendo esas pruebas amañadas.
La Corte de Apelaciones deberá pronunciarse esta semana respecto de la apelación del condenado dirigente opositor. Los abogados de éste, así como su familia, han adelantado que el juicio está viciado y que los nuevos antecedentes conocidos deberían llevar a su libertad inmediata. La confesión del fiscal debiera, al menos, dar lugar a un nuevo juicio, celebrado bajo las normas del debido proceso. Pero es dudoso que ello ocurra. Hasta ahora la justicia venezolana no ha acogido ninguno de los recursos que planteó López por las irregularidades del juicio, ni por los abusos sufridos en prisión, y parece evidente que las instituciones judiciales carecen de la independencia necesaria para proteger a aquellos a quienes el propio Ejecutivo persigue.
Es fundamental que la comunidad internacional reaccione con energía frente a estos abusos. Algunos gobiernos, entre ellos Chile, han exhortado a Venezuela a respetar el debido proceso. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y personalidades como los ex presidentes chilenos Eduardo Frei y Ricardo Lagos han demandado también la libertad de dirigente opositor. Pero la mayoría de los gobiernos latinoamericanos ha guardado un lamentable silencio.
Mientras, López continúa encerrado en una celda de dos por dos metros, en una cárcel militar, y la violación de derechos humanos y libertades públicas en Venezuela sigue teniendo vía libre.