La rebelión contra los privilegios

El fenómeno sobrepasa nuestras fronteras. Lo digo porque, atrapados entre la cordillera y el mar en esta angosta franja de tierra, se nos empequeñece la mirada. Hay una rebelión generalizada contra las estructuras de poder, y la forma en que se ejerce, en las instituciones tradicionales. Está cuestionada la Iglesia, con mayúscula, y los “curas” poderosos, pero no necesariamente mi parroquia ni la comunidad cristiana más cercana, a la que se percibe como algo positivo.

Están cuestionados el Parlamento, el Gobierno y los políticos en genérico, pero no necesariamente el congresista o el alcalde que percibo cercano, genuinamente, a las preocupaciones de la gente. La ciudadanía identifica a quiénes hablan para la galería y a los que están empeñados en sus proyectos personales, y, por sobre todo, está muy sensible a los privilegios y a los abusos de poder. También están cuestionados los empresarios, percibidos como los de las colusiones, las elusiones de impuestos, los artificios para sacar el máximo de utilidades aunque sea a costa de trabajadores y consumidores. Y, sin embargo, los trabajadores, mayoritariamente, declaran estar satisfechos en las empresas en que trabajan.

Predomina la sensación de que algunos son intocables. Que la cancha no es pareja entre los que detentan poder y los simples ciudadanos. Por eso fue tan vilipendiado el viaje del senador Pizarro a ver el Mundial de Rugby. Por eso, las palabras del senador Ignacio Walker descalificando a Eduardo Engel, quien presidiera una comisión para mejorar la transparencia y la ética en la política, van tan en contra de la corriente. Eso es lo que se lee: no estamos escuchando, vamos a hacer lo que queramos, no vamos a cambiar aquello que no nos convenga. No tengo duda de que el senador Walker está pensando en el bien común, pero la impresión que producen sus palabras es contradictoria con eso.

¿Por qué es importante apoyar las medidas propuestas por la Comisión Engel, en especial aquellas que se aprobaron por unanimidad? Porque los ciudadanos creen que un grupo transversal de expertos creado por la Presidenta, representativo de diversas tendencias, sin intereses personales ni corporativos, tiene más legitimidad que los parlamentarios para proponer cuestiones que, en definitiva, atañen a la suerte de ellos mismos.

No nos engañemos: el sistema binominal no sólo costó cambiarlo por los amarres de la dictadura, sino que también porque afectaba a los incumbentes. Lo mismo para con algunas de las leyes que modifican el sistema de partidos, como la reinscripción de los militantes o las exigencias para crear nuevos referentes. Desde fuera, lamentablemente, se ve un Congreso defendiendo prerrogativas de corto plazo y, lo que es peor, para muchos, defendiendo los intereses de sus integrantes.