Nombramientos

Nuestra Constitución contempla que algunas designaciones en el Estado, dado la relevancia que entrañan, sean aprobadas por el Senado y con altos quórums, de manera que los nominados gocen de valoración y confianza transversal, así como que el proceso mismo de selección contemple un alto nivel de transparencia. Es indispensable cuidar esta normativa, y aplicarla de una forma que la prestigie y consolide.

Sin embargo, en la medida que estos procesos se incorporan a la cultura institucional y caen en una suerte de lógica rutinaria, parecen verse contaminados con la dinámica común del funcionamiento de la política, así como del tipo de debate que le es propio. Ello tiene un claro riesgo: que los argumentos se personalicen más allá de la evaluación de las competencias profesionales y, peor aún, que determinados nombramientos terminen siendo utilizados como campos de batalla para resolver disputas entre gobierno y oposición o al interior de las coaliciones.

Esto no significa que se deba inhibir a los senadores de ejercer su rol y de rechazar cuando, en conciencia, les parece que alguien no es idóneo para un cargo. Pero ello se puede hacer cuidando las formas y manteniendo el respeto por los postulantes. Un viejo dicho reza que “quien ejerce su derecho a nadie ofende”, pero también podríamos agregar que “para ejercer su derecho nadie necesita ofender”.

Imposible no extender estas consideraciones también a los medios de comunicación y la opinión pública en general. Es obvio que, así como los senadores tienen un rol formal que cumplir, la ciudadanía, a través de sus distintos cauces, tiene también el derecho a expresarse y levantar distintas visiones. A fin de cuentas, este es uno de los objetivos de generar estas instancias de aprobación parlamentaria. Pero se aprecia una tendencia a correr los límites en el marco de la crítica a las personas que se someten a este ritual. Una cosa es el juicio público y otra un juicio popular.

Hago estas reflexiones a propósito de lo que hemos visto en relación con las designaciones de contralor y fiscal nacional, ambas aún pendientes. En el caso de Enrique Rajevic, a quien no conozco, se le calificó o descalificó muchas veces sin ningún cuidado por las formas. Como ejemplo de que ello no es necesario puedo recordar el voto del senador Larraín, quien rechazó su nombramiento con altura de miras y respeto personal. En el caso de la quina para la Fiscalía hemos visto reportajes llenos de suposiciones e imputaciones.

No convirtamos la transparencia en un ejercicio de voyerismo que aleje del Estado a las personas más talentosas y probas.