Desconfianza y consenso
Esta semana, el SII ha hecho una denuncia para que la Fiscalía Oriente investigue los eventuales delitos tributarios conocidos bajo el genérico nombre de Caso Penta. Es un nuevo capítulo en una investigación que partió incidentalmente a través de una red de corrupción en el SII del Área Oriente por devoluciones del FUT, y cuyas […]
Esta semana, el SII ha hecho una denuncia para que la Fiscalía Oriente investigue los eventuales delitos tributarios conocidos bajo el genérico nombre de Caso Penta.
Es un nuevo capítulo en una investigación que partió incidentalmente a través de una red de corrupción en el SII del Área Oriente por devoluciones del FUT, y cuyas indagaciones derivaron hacia un ex alto ejecutivo de Penta, a sus dos principales dueños y, desde ayer en la tarde, a destacadas figuras políticas.
Como la investigación es secreta y está aún en curso, no es posible precisar alcances e impactos judiciales. Sin embargo, el revuelo al ver indagados a connotados empresarios y políticos sugiere el inicio de un caso complejo, con amplias repercusiones.
El primer efecto visible es el aumento de la desconfianza hacia políticos y empresarios. Ya se oye tras la ola de rumores que circulan hace tres semanas. El caso, que pareció acotado a malos manejos tributarios imputables a personas específicas, ha escalado velozmente a la categoría de un escándalo que conmueve a la opinión pública y pone una sombra de dudas en instituciones tan centrales como los partidos y sus sistemas de financiamiento.
Lamentablemente la investigación surge en un contexto nada favorable para la confianza. Sólo estos meses, la opinión pública ha sido remecida por el caso Cascadas y la colusión de empresas avícolas. Este nuevo episodio viene a azuzar la sospecha de que, en distintos ámbitos, las reglas están siendo violadas sistemáticamente.
El daño a la confianza es, hasta ahora, lo realmente grave. La sensatez indica que sólo a través del consenso se lograrán reformas racionales y estables que no dañen el sistema. Es verdad: sin confianza pública, no hay posibilidades de alcanzar consensos en materias estructurales ni pensar en el largo plazo. Sin embargo, los políticos no siempre son racionales. Un ejemplo es la creación simultánea de dos comisiones en la Cámara de Diputados para investigar el caso. La doble instancia refuerza la sospecha de que lo que prima son operaciones políticas para sacar ventajas de una investigación judicial.
En este escenario de desconfianzas y sospechas, lo primero es aclarar los hechos. Es primordial que la investigación iniciada esta semana actúe lo más rápido y claramente posible. Esto no sólo hará bien a la confianza pública, sino que además apaciguará al enrarecido ambiente político.
Sólo una vez aclarados los hechos y determinados los presuntos responsables, podrá venir el debate y los acuerdos políticos. Es obvio que se requiere una corrección a la ley de financiamiento de los partidos y candidaturas políticas. Pero hacerla a destiempo puede aumentar aún las frágiles posibilidades de llegar a un consenso.